Un embargo de $157.164.287.201 recae desde esta semana sobre la provincia de Buenos Aires, que gobierna Axel Kicillof, a raíz de su prolongada inacción frente a la grave contaminación cloacal e industrial que afecta la cuenca conformada por el río Santiago, el arroyo El Gato y el Río de la Plata.
La medida, dispuesta por el juez federal en lo Civil, Comercial y Contencioso de La Plata N°4, Alberto Recondo, busca forzar el inicio inmediato de las obras de saneamiento demoradas por más de veinte años y obliga a la Provincia a enfrentar uno de los mayores litigios ambientales en su historia reciente.
El magistrado se fundó en un informe presentado por la Unidad de Investigación, Desarrollo, Extensión y Transferencia Gestión Ambiental (Uidet GA) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) aportó pruebas concluyentes del daño actual, al señalar que se trata de un «grado de contaminación aberrante de todo el sistema que ha sido convertido en un sumidero de aportes cloacales y desperdicios varios“.
Según los peritos, el aporte cloacal masivo de La Plata se verifica en El Gato. El cauce se convirtió en un colector cloacal, con mala calidad del agua caracterizada por “elevada conductividad y carga orgánica”, especialmente a partir de la calle 1, donde se detectaron altos niveles de nitrógeno total procedente de orina humana. Los valores superan las normas nacionales e internacionales e incompatible con cualquier uso recreativo.
También se reportó contaminación significativa aguas arriba, en zonas como la calle 143, La Granja y Melchor Romero. Además, arroyos urbanos como Saladero en Berisso, Canal Oeste y Doña Flora en Ensenada contribuyen de manera secundaria y principal, respectivamente, a la carga urbana e industrial de desechos. El impacto de la descarga del Arroyo El Gato en el Río Santiago es muy significativo, con un marcado deterioro de la calidad de agua en el sector del Club de Regatas La Plata.
Otro estudio técnico incorporado al expediente, basado en muestreos en el Río de la Plata, confirmaba la presencia de un “corredor costero de aguas contaminadas” con residuos provenientes de actividades domésticas e industriales que se suceden desde la Capital Federal hasta Punta Piedras, involucrando a municipios como Avellaneda, Quilmes, Berazategui, La Plata, Magdalena y Punta Indio.
Según La Nación, Recondo fundamentó el fallo que la omisión estatal para implementar políticas de depuración de efluentes se remonta a más de dos décadas. Es decir, exceden al plazo de los dos mandatos de la gestión de Axel Kicillof. Ahora bien, las carencias presupuestarias con las que se excusó la Provincia en el expediente “aunque dignas de tener en cuenta, no pueden justificar transgresiones”.
El magistrado también dispuso la obligación de retirar mecánicamente los residuos sólidos urbanos acumulados en los principales cursos de agua afectados.
El inicio de las obras suspendidas para el tratamiento de efluentes cloacales estaba previsto para 2022, durante el primer mandato de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires. En ese momento, la inversión necesaria para reparar el daño ambiental representaba el 0,67% del total del presupuesto provincial.
En el año 2022, autoridades de la Presidencia de la Nación, la Fiscalía de Estado bonaerense y representantes del Congreso de la Nación fueron notificados sobre la urgencia de iniciar las obras destinadas al saneamiento de los efluentes cloacales en la región. La intención era acelerar la respuesta del Estado frente a una problemática con impacto directo en la salud pública y el ambiente, pero se incumplieron las advertencias.
En la resolución judicial, Recondo afirmó: “Esto permite concluir que la imposibilidad de ejecutar las obras ordenadas no se sustenta en la falta de financiamiento internacional, sino en decisiones que el Estado provincial adopta hace más de veinte años a la hora de asignar recursos“.
La demanda original fue impulsada desde hace años por Iván Vigo Mariños y el abogado Aníbal Falbo, patrocinados por la Secretaría de Extensión de la UNLP. Antes de que se decretara este embargo, pese a sucesivas medidas cautelares, la Provincia no ejecutó ninguna acción concreta encaminada a remediar la contaminación generalizada con un plan integral.
El gobierno bonaerense no respondió a las consultas de Infobae sobre la causa y el reclamo ambiental.
En 2024, el juez Recondo ya había dictado una medida cautelar para que tanto el gobierno bonaerense, como a la Municipalidad de La Plata y la empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA), realicen acciones concretas para dejar de contaminar el Arroyo El Gato e instalen barreras flotantes de contención y extracción, con el fin de facilitar el retiro de los residuos sólidos del curso hídrico.
Los municipios estaban obligados a realizar un relevamiento de toda la extensión de la cuenca, a fin de identificar todos los puntos a través de los cuales se produce el vertido de sustancias contaminantes.
