Cinco integrantes de una autoproclamada comunidad mapuche, sin personería jurídica ni reconocimiento, sufrieron el revés de la Justicia Neuquina en un planteo por la titularidad de una porción de tierras en Vaca Muerta y ahora analizan recurrir en queja a la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de la comunidad Fvta Wayen, que disputa tierras a una familia que acreditó la titularidad del predio, en el paraje Tratayén, dentro de Vaca Muerta.
El mismo grupo, en 2022, denunció a YPF por la supuesta irrupción de la petrolera en la que consideraban tierras ancestrales. En ese reclamo, incluso, bloquearon el acceso al predio de la compañía y fueron denunciados.
En el marco del reclamo por la supuesta titularidad del lugar, cinco integrantes de esa comunidad iniciaron una acción judicial que fue desestimada por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia petrolera, que consideró “inadmisible” el recurso extraordinario federal que presentaron.
Los impulsores del reclamo son Diego Martín Rosales y Liliana Romero, quienes se presentan como autoridades de la comunidad, junto a Martín Mardones, Luis Giliberto González y Horacio Romero.
El grupo fue desalojado semanas atrás, en la capital neuquina, del asentamiento que habían instalado frente a la Casa de Gobierno de Neuquén.
Los jueces, en el fallo del 19 de septiembre, señalaron que falta acreditación formal de la personería de los representantes de la comunidad, la ausencia de fundamentación autónoma y suficiente y la omisión de una crítica concreta a los fundamentos de la resolución anterior, por lo que consideraron que el recurso carecía de sustento.
En el marco del mismo pleito, la comunidad fue denunciada por la irrupción en una propiedad privada de la familia Galván, con la que sostienen la disputa actual.
En aquel entonces y para evitar ser condenados por usurpación, reconocieron que las tierras pertenecían a esa familia, aunque decidieron avanzar con el embate judicial —y los trámites administrativos— para intentar forzar el reconocimiento ancestral del lugar.
Las tierras de Tratayén fueron adquiridas en 1977 por Félix Galván y heredadas por sus hijos Carolina y Fernando, a quienes los mapuches disputan la titularidad del lugar.
La familia tiene título de propiedad registrado, pero la comunidad mapuche Fvta Xayen asegura que mantiene vínculos históricos y espirituales con esas tierras. En su argumentación utilizaron como argumento legislación antigua, con la que intentaron obtener dicho reconocimiento y evitar en simultáneo ser expulsados del lugar.
Se ampararon en la controvertida Ley 26.160 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aunque ninguno de los argumentos fue tenido en cuenta durante el proceso.
El TSJ neuquino ya había resuelto en fallos previos que la comunidad no puede intervenir en el proceso como “sujeto colectivo” porque carece de personería jurídica. Precisamente estas decisiones implicaron que los reclamos de posesión indígena, ceremonias tradicionales y ocupaciones fueran considerados únicamente como actos individuales. Es decir, sin reconocimiento como derecho comunitario.
Corte Suprema
Ante la nueva negativa, los mapuches decidieron acudir en queja a la Corte Suprema para intentar revertir el fallo reciente, aunque con la misma fragilidad administrativa en su documentación.
El conflicto, más allá del supuesto valor ancestral que aducen los reclamantes, tiene una finalidad económica, ya que la zona de litigio se encuentra en un sitio clave de explotación petrolera.
En efecto, el yacimiento de hidrocarburos Vaca Muerta, se ubica en la localidad de Anelo, en el interior de la provincia de Neuquén, en plena Patagonia argentina. Como consecuencia de los recursos petroleros detectados allí, la zona ha sido punto de inversiones de la empresa petrolera estatal YPF y sus proveedores, en una industria que podría generar un flujo de ingresos para el país que podría convertirlo en uno de los principales exportadores de energía.
