A pocos días de que venza el plazo legal para la presentación del proyecto de presupuesto nacional 2026, el Gobierno ha decidido avanzar con una iniciativa que busca modificar de raíz la dinámica legislativa en materia fiscal. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que en breve enviarán al Congreso de la Nación un proyecto de ley denominado Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, conocido en el ámbito parlamentario como Ley Muralla. Esta propuesta, que aún no ha ingresado formalmente al recinto, pretende establecer restricciones severas a la aprobación de presupuestos deficitarios y endurecer las sanciones para los funcionarios que no respeten el equilibrio fiscal.
El anuncio de Adorni se produjo en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, marcado por la pérdida de control del debate parlamentario por parte del oficialismo, atribuida tanto a errores propios como al impacto de las campañas electorales. Según lo expuesto por el vocero, el proyecto —anticipado por el presidente Javier Milei el 11 de agosto en cadena nacional— tiene como objetivo “prohibir la emisión monetaria innecesaria y garantizar la vigencia del equilibrio fiscal”. En la práctica, la iniciativa funcionaría como un mecanismo de fiscalización de los proyectos de ley, imponiendo requisitos estrictos que el Congreso debería cumplir para aprobar nuevas normas y estableciendo penas en el Código Penal para los legisladores que los incumplan.
De acuerdo con la explicación de Adorni, la norma estipula que “el presupuesto nacional debe proyectar siempre un resultado financiero equilibrado o superavitario”. Además, quedaría expresamente prohibida la sanción de presupuestos deficitarios y, en caso de prórrogas presupuestarias, se exigiría al menos un resultado equilibrado. Este endurecimiento de las reglas fiscales se produce cuando restan 17 días para que el Ejecutivo deba enviar el proyecto de presupuesto nacional 2026, una ley que históricamente ha sido objeto de intensas negociaciones y modificaciones, especialmente en lo relativo al reparto de fondos entre provincias, obras públicas y programas nacionales.
La reacción de la oposición no se hizo esperar. Un diputado opositor cuestionó la iniciativa al afirmar: “Lo que buscan es blindar el presupuesto. ¿Cómo vas a mandar una ley que dice que no se puede legislar si no es en línea con lo que quiere el Ejecutivo? Y, además, que si lo haces vas preso. Es una locura que un diputado o un senador vote esto, lo hacen para generar tensión e intentar cambiar la agenda”. Desde este sector, se interpreta que la propuesta tiene escasas posibilidades de prosperar y que su verdadero propósito sería condicionar el debate sobre el presupuesto o incluso encontrar una justificación para no tratarlo. Según la visión de estos legisladores, el oficialismo enviaría primero la Ley Muralla, luego el presupuesto, y ante la falta de consenso, el tratamiento de ambos quedaría paralizado. “Ellos —por los libertarios— van a volver con el cuento de los degenerados fiscales pero hay que entender que es un proyecto de ley y que puede sufrir modificaciones en el debate”, sostuvo otro referente opositor.
En el Congreso de la Nación, el anuncio fue percibido como una maniobra más del oficialismo libertario sin perspectivas de avanzar. Un legislador del bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto ironizó: “Lo vamos a tratar junto a la ley hojarasca”, en alusión al megaproyecto del ministro Federico Sturzenegger que nunca llegó a discutirse.
Las críticas de la oposición no se limitan al impacto institucional de la propuesta. Además de advertir sobre el riesgo de convertir al Congreso en una mera escribanía del Ejecutivo y de afectar la calidad democrática y la pluralidad de voces, los opositores señalaron la falta de coherencia en la estrategia oficialista. Recordaron que todos los proyectos con impacto fiscal deben detallar su financiamiento, pero que la única excepción reciente ha sido la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad, impulsada por Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, que cuenta con dictamen desde mayo, pero nunca fue tratada y carece de previsión presupuestaria.
El texto de la Ley Muralla, según lo adelantado por Adorni, contempla la creación de nuevas figuras penales en el Código Penal. En palabras del vocero, “aquellos funcionarios públicos que incumplan esta normativa y que pretendan violar el equilibrio fiscal, serán castigados con todo el peso de la ley”. Esta perspectiva fue rechazada por una diputada que en el pasado acompañó algunas iniciativas del oficialismo y que ahora se ubica en la vereda opuesta, quien calificó la propuesta como “humo” y la consideró “ridícula, en su contenido y en la pretensión de que sea tratada”.
Algunos sectores interpretan que el trasfondo de la iniciativa no se limita al debate sobre el presupuesto 2026, sino que apunta también a anticipar un eventual veto presidencial frente al proyecto de los gobernadores sobre el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que ya cuenta con media sanción de Diputados, y a los cambios en la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Según esta visión, la modificación de estos mecanismos impactaría directamente en los ingresos del gobierno nacional, ya que actualmente existe discrecionalidad en el manejo de los ATN y la Nación retiene la totalidad de lo recaudado por el ICL. “El problema es que son fondos de las provincias, no de la Nación, entonces están contabilizando algo que no deberían”, advirtió una fuente parlamentaria.
Hasta el momento, el proyecto no ha sido ingresado formalmente al Congreso de la Nación, aunque desde el entorno de Adorni aseguran que el texto ya está listo.
