La primera sesión del período extraordinario en la Cámara de Diputados dejó una imagen política que, hasta hace pocos meses, parecía improbable. En una sola noche, el gobierno de Javier Milei logró aprobar dos iniciativas de alto impacto —la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo Unión Europea–Mercosur— con mayorías amplias, respaldo transversal y un peronismo cada vez más fragmentado. Más allá del resultado legislativo, la sesión expuso un nuevo equilibrio de poder: un oficialismo que comienza a construir gobernabilidad en minoría y una oposición atravesada por tensiones que ya no logra ocultar.
En la Cámara baja, el oficialismo logró anudar 48 horas de triunfos parlamentarios. El miércoles, con 42 votos a favor y 30 en contra, el Senado había aprobado la reforma laboral, una iniciativa que transforma de manera profunda las relaciones del trabajo, como nunca antes desde 1983. Son victorias que se consiguieron con flexibilidad y pragmatismo, negociaciones abiertas y públicas y otras, reservadas y silenciosas.
En la Cámara alta, el oficialismo se mostró permeable a pedidos de gobernadores, empresarios y gremios. Así, ablandó el proyecto original para blindar una victoria. En Diputados hizo lo mismo: cedió el tope de 13 años que había propuesto al prinicipio y sumó un financimiento que, al principio, estaba ausente. Fueron concesiones “bilardistas” decididas desde lo más alto del poder libertario.
Ese clima de euforia quedó expuesto con los mensajes que publicó el presidente Milei en redes sociales. “Histórico” e “Histórico II”, posteó el jefe de Estado, apenas se aprobaron la reforma laboral, en el Senado, y la baja de la imputabilidad, en Diputados.
“En el Senado no íbamos a pedirle al peronismo algo que no podía dar. Votaron todos juntos y, en los artículos más complicados, teníamos los votos justos: con 38 nos alcanzaba. En Diputados es distinto, porque están todos peleados, no se ponen de acuerdo y hay un sector que está dispuesto a acompañar cosas lógicas”, explicó a Infobae una fuente del oficialismo.
Mientras el Gobierno muestra una consolidación interna, el peronismo es la contracara. Con la mesa política que integran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los ministros Luis Toto Caputo, Diego Santilli, el estratega Santiago Caputo, la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, Milei consiguió unificar las negociaciones. Mientras tanto, en Unión por la Patria, afloran disidencias que pavimentan las victorias de La Libertad Avanza.
Un día largo en Diputados
La votación general de la reforma del régimen penal juvenil fue el primer test. El proyecto obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, todos estos últimos provenientes del kirchnerismo y sus aliados más cercanos. El Gobierno no solo superó con holgura el umbral necesario, sino que articuló una mayoría heterogénea que incluyó libertarios, macristas, radicales, bloques provinciales y sectores del peronismo no alineado. Milei consiguió que una parte relevante de la oposición respaldara una de sus banderas más sensibles.
El episodio más revelador, sin embargo, no quedó reflejado en las planillas oficiales. En la votación en particular del capítulo central del proyecto —el que fija la edad mínima de imputabilidad en 14 años—, al menos seis diputados de Unión por la Patria identificados con el espacio de Sergio Massa levantaron la mano para respaldar al oficialismo. Sebastián Galmarini, Ramiro Gutiérrez, Diego Giuliano, Emir Félix, Guillermo Michel y Marina Salzmann formaron parte de ese grupo. Lo hicieron en público, pero sin un registro formal.
La explicación reside en una decisión táctica de Germán Martínez. Aprovechando su experiencia parlamentaria y conocimiento del reglamento, impulsó que esa votación se realizara a mano alzada. El recurso permitió diluir el impacto político del quiebre interno: sin voto nominal, sin listado oficial, sin evidencia documental directa. Fue una maniobra clásica de conducción legislativa, orientada a preservar una imagen de unidad en un momento de tensión.
La jugada funcionó parcialmente. En los papeles, el bloque se mantuvo ordenado. En los hechos, la fractura quedó expuesta en las imágenes y en las transcripciones taquigráficas. La división existió, aunque fue disimulada.
Ese episodio confirmó un proceso que venía desarrollándose en silencio. El sector vinculado a Sergio Massa decidió sostener, incluso en este contexto, una posición que forma parte de su identidad política desde hace más de una década. Ya en 2013, el entonces intendente de Tigre había impulsado una reforma para reducir la edad de imputabilidad, y desde entonces su espacio mantuvo una línea consistente en la materia. Por eso, el voto de Galmarini, Giuliano, Gutiérrez, Félix y Michel no representó una ruptura ni una provocación interna, sino la continuidad de una trayectoria política.
Fue, más bien, la reafirmación de una postura propia frente a una conducción parlamentaria que tiende a ordenar al bloque a partir de mayorías sin matices. El episodio no debe leerse como una confrontación con La Cámpora, sino como una diferencia de concepción sobre el funcionamiento interno del peronismo en el Congreso. Mientras la jefatura busca homogeneizar posiciones, otros sectores reclaman margen para sostener identidades políticas consolidadas.
Si en la imputabilidad la conducción logró disimular la tensión, en el acuerdo Unión Europea–Mercosur ya no hubo margen para administrar las diferencias. La votación fue nominal y expuso a cada diputado. El resultado fue todavía más contundente: más de 200 votos afirmativos. El oficialismo consiguió una mayoría transversal inédita.
El foco volvió a estar en Unión por la Patria. Cerca de cuarenta diputados votaron en contra. La enorme mayoría pertenecía al universo camporista y al kirchnerismo más ideológico. Máximo Kirchner, Lucía Cámpora, Paula Penacca, Itai Hagman, Juan Grabois, Eduardo Valdés, Vanesa Siley, Florencia Carignano, María Teresa García y otros dirigentes del núcleo duro encabezaron el rechazo.
Del otro lado, una mayoría peronista acompañó el acuerdo. Diputados de provincias productivas, dirigentes cercanos a gobernadores y sectores sindicales moderados privilegiaron una lectura económica y territorial por encima de la lógica identitaria. Argumentaron en función de exportaciones, mercados, empleo y desarrollo regional. El contraste fue evidente: mientras el camporismo se aferró a una posición doctrinaria, el peronismo del interior priorizó intereses concretos.
La Cámpora quedó en minoría.
En ese contexto, la figura de Germán Martínez quedó expuesta. El jefe del bloque había construido su liderazgo sobre una premisa central: sostener la unidad a cualquier costo. En la imputabilidad lo logró parcialmente. En Mercosur, fracasó. La fragmentación fue tan marcada que terminó votando a favor del acuerdo, no por convicción personal sino por necesidad política. Quedar del lado perdedor habría significado perder autoridad frente a su propia bancada.
El episodio profundizó los cuestionamientos internos. Martínez es respetado por su manejo del reglamento y capacidad de negociación, pero enfrenta un desgaste creciente. Sectores del bloque le reprochan dificultades para procesar conflictos, administrar tensiones y ordenar estrategias. Su voto afirmativo fue leído, incluso dentro del peronismo, como un gesto defensivo.
Las dos votaciones consolidaron un fenómeno que empieza a adquirir densidad propia: la emergencia de un peronismo no kirchnerista con peso parlamentario. Diputados de Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Mendoza, La Pampa, Tucumán y otras provincias acompañaron al Gobierno en Mercosur. Lo hicieron con argumentos vinculados a sus economías regionales y a las demandas de sus territorios. La lógica militante cedió espacio ante la lógica productiva.
Ese peronismo existe, tiene volumen y comienza a actuar como tal.
Uno de los casos más simbólicos fue el de Santiago Cafiero. Ex canciller y protagonista de las negociaciones con Europa, votó en contra del acuerdo que él mismo había impulsado durante su gestión. La contradicción fue evidente. En los pasillos, muchos la interpretaron como una subordinación a la lógica interna del kirchnerismo, aun a costa de desmentir su propio recorrido político.
Desde el oficialismo, el balance fue eufórico. Dos leyes clave, mayorías amplias, fragmentación opositora y proyección de poder. La sesión confirmó que el Gobierno logró construir un sistema de alianzas flexible y funcional. No se trata de una coalición formal, sino de una red de acuerdos tácticos que se activa proyecto por proyecto.
Desde la presidencia de Diputados y la Casa Rosada atribuyen los resultados, tanto en Diputados como en el Senado, a la consolidación de una mesa política estable, donde confluyen conducción parlamentaria, estrategia comunicacional y diseño legislativo. La estrategia ya había demostrado eficacia en diciembre, con la aprobación del Presupuesto. Ahora se consolidó.
Las victorias en Diputados se sumaron al éxito previo en el Senado, donde el Gobierno logró aprobar la reforma laboral. En menos de 48 horas, Milei consiguió dominar las dos cámaras en temas estructurales. Algo inusual para un presidente sin mayoría propia. El mensaje hacia los mercados, los actores económicos y los gobernadores fue inequívoco: el Gobierno puede gobernar.
Las últimas dos sesiones en el Congreso marcaron un punto de inflexión. Para el oficialismo, significa el ingreso a una etapa de mayor estabilidad política. Para el peronismo, implica el fin de una ficción: la unidad ya no existe como realidad operativa. Existen, en cambio, múltiples peronismos conviviendo en tensión. La Cámpora perdió centralidad. Los gobernadores juegan su propio partido. El massismo busca reposicionarse. Y la conducción parlamentaria navega en aguas cada vez más turbulentas.
