Se trata de la primera sentencia por trata de personas con explotación a través de medios digitales. Un hombre fue condenado a 25 años de cárcel por abusar sexualmente de tres jóvenes a las que, además, obligaba a prostituirse en departamentos del barrio de Retiro.
La sentencia fue dictada en las últimas horas por el Tribunal Oral Federal (TOF) porteño N°2, integrado por los jueces María Gabriela López Iñiguez, Guillermo Costabel y Luciano Gorini.
La pena recayó sobre a Fredy Junior Arturo Zea Ricardo, de 38 años, quien fue encontrado culpable de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual agravada en concurso real con abuso sexual agravado reiterado contra tres mujeres.
Así lo informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.
“Los jueces ordenaron embargar un inmueble del padre de Zea Ricardo situado en la localidad de Ezpeleta, en Quilmes, por haber sido utilizado como instrumento del delito -era base de sus operaciones digitales- y como el sitio donde el ahora condenado se ocultó de la acción de la justicia”, según publicó la citada Web.
Una de las víctimas se suicidó cuando todavía no había sido detenido el acusado detrás del plan criminal.
Hace tres semanas, en su alegato, el Ministerio Público, representado por el fiscal general Abel Córdoba, y la auxiliar fiscal María Laura Grigera, había solicitado la pena de 27 años de cárcel para el acusado.
“El caso tiene como particularidades que podría darse la primera condena de explotación por medios digitales -ya que en pandemia las jóvenes eran obligadas a hacer sesiones de sexo virtual frente a una webcam-.”, se había informado tras el alegato.
Según www.fiscales.gob.ar, los representantes del Ministerio Público Fiscal le imputaron a Zea Ricardo haber captado, por medio de falsas ofertas laborales, dos de ellas publicadas en el diario Clarín, trasladado y acogido a tres víctimas para explotarlas sexualmente mediante engaño, fraude, violencia, amenaza, abuso de situación de vulnerabilidad y otros medios de intimidación y coerción en diferentes períodos de tiempo comprendidos entre 2017 y 2020.
“Además, se le atribuye haber abusado sexualmente de ellas en reiteradas ocasiones, con acceso carnal por vía anal y vaginal, así como haberles ocasionado daños graves a su salud física y mental provocando el suicidio de una de ellas –María S.– antes de que el imputado fuera detenido», según www.fiscales.gob.ar.
En su alegato ante los jueces, Córdoba y Grigera resaltaron que el acusado, para sortear las restricciones dispuestas por el gobierno nacional durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia de Covid-19, adaptó “la explotación” de la que fue víctima una de las mujeres.
“La joven era obligada a someterse a largas jornadas de exposición ante la webcam para transmitir en línea contenido sexual pago. A criterio del Ministerio Público, esta nueva modalidad resultó ‘aún más cruel y tortuosa’, ya que no tenía límite ni descanso, le exigía la exposición constante, el manejo de códigos y lenguajes de exhibición que desconocía”, según la citada publicación.
Para los acusadores públicos, durante el juicio se comprobó “un entramado criminal que trasciende la figura del imputado”. Y lo fundamentaron en los testimonios de las víctimas que recordaron que otras personas “intervenían en su control y vigilancia, las cuales evidencian la existencia de una estructura organizada, que debe ser urgentemente investigada”.
El juicio comenzó en octubre pasado. Durante diez audiencias declararon 21 testigos y se exhibieron el testimonio en Cámara Gesell de dos de las víctimas. El viernes próximo el debate se reanuda con el alegato de la defensa del acusado.
Para llevar adelante el plan criminal, el acusado alquiló tres departamentos en Retiro, situados en Florida al 800, Tres Sargentos al 400 y en la avenida Santa Fe al 800.
A María S., entre mediados de 2017 hasta septiembre de 2020, “la forzó a mantener relaciones sexuales con distintos clientes en esos domicilios alquilados, bajo una contraprestación monetaria que terminaba quedándose en su totalidad”.
Para el Ministerio Público, se comprobó que el acusado le hacía creer a la víctima que conformaban una sociedad y que con él iba a ganar mucho dinero, a pesar de entregarle solo 500 pesos para asearse y comer.
Con la ayuda de la Asociación Civil Madres y Víctimas de Trata, María S. logró escaparse. El 15 de diciembre de 2021, antes de que el acusado fuera detenido, se suicidó. Estaba bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico.
La segunda víctima fue captada en noviembre de 2017 y fue sometida sexualmente hasta febrero de 2018. Su primer contacto con el imputado fue por medio de un aviso publicitario.
Fue citada para sacarse fotografías en un departamento donde estuvo en cautiverio y fue explotada sexualmente. Sufrió “maltrato psicológico, agresiones verbales, tormentos y amenazas de dañar a su familia”. Logró escapar y su caso dio origen a la investigación.
La tercera víctima conoció al acusado en un boliche de la zona sur del conurbano. “Luego de conversar sobre las aspiraciones laborales que tenía la víctima, Zea Ricardo le prometió brindarle trabajo como promotora”, según la citada publicación.
A fines de 2017 fue citada a un departamento para que se sacara fotografías “en ropa interior, deportiva e indumentaria sensual”. Pero quedó atrapada en las garras del sospechoso. Fue obligada a tener relaciones sexuales con diferentes clientes, quienes “la sometían a diversas prácticas y se drogaban sobre su cuerpo”.
También, según dijo la víctima, fue “forzada a mantener relaciones con el imputado, de quien recibía de manera constante humillaciones, maltrato psicológico, agresiones verbales, golpes y amenazas para continuar la explotación. Finalmente, en junio de 2018, en una ocasión en la que tuvo que salir a comprar provisiones, la mujer logró escapar. Finalmente, logró escaparse.
Tras la detención del sospechoso, la víctima lo reconoció como su victimario a partir de ver sus fotos en los medios de comunicación, lo denunció y se presentó como querellante.
