Los jubilados volvieron a movilizarse en el centro porteño en la habitual marcha que realizan todos los miércoles en el Congreso de la Nación. Las agrupaciones que intentaron concentrarse sobre la avenida Entre Ríos cuando hace el cambio con Callao, se encontraron un importante operativo de seguridad que bloqueó la zona.
Las fuerzas de seguridad federales aplicaron el protocolo antipiquete y evitaron que las agrupaciones corten una de las arterias fundamentales para el tránsito que intenta cruzar la capital. Sin embargo, a pesar de que no hubo enfrentamientos, sí creció la tensión durante varios minutos y hasta lanzaron gas pimienta.
La columna de jubilados se desplazó desde las primeras horas de la tarde, mientras las fuerzas federales, encabezadas por la Policía Federal, desplegaron un vallado para restringir el movimiento de los manifestantes y asegurar la circulación de vehículos. El clima se tornó tenso rápidamente. Ante la insistencia de los grupos que buscaban avanzar sobre la Avenida Rivadavia y Callao, personal policial reforzó su presencia y utilizó gas pimienta cuando un grupo logró derribar parte de las vallas. El operativo, basado en la aplicación estricta del protocolo antipiquete del Ministerio de Seguridad, generó escenas de tensión y malestar durante varios minutos, aunque no derivó en enfrentamientos directos ni heridos de gravedad.
El dispositivo desplegado en el microcentro representa una respuesta directa a la reiterada protesta que los jubilados y pensionados mantienen cada semana en reclamo por la pérdida del poder adquisitivo. Según fuentes policiales citadas por Noticias Argentinas, la única fuerza apostada en el operativo fue la Policía Federal Argentina, que dispuso barreras físicas para impedir que la manifestación detuviera el tránsito en una zona neurálgica de la ciudad.
Los manifestantes buscan visibilizar la situación que atraviesan los jubilados ante el recorte sostenido de sus haberes y el impacto de la inflación. Cada miércoles, los diferentes colectivos de adultos mayores reiteran su convocatoria en la histórica esquina del Congreso para exigir una recomposición del monto de las jubilaciones y pensiones, señalando que el aumento de precios afecta directamente la canasta básica y los costos de medicamentos.
En paralelo al reclamo jubilatorio, mañana está prevista una nueva movilización de los trabajadores de PAMI nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quienes llevarán su demanda al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que los empleados de la obra social “soportan más de un año de congelamiento salarial” y advirtió que el último incremento fue en octubre del año pasado con apenas un 3,5%. Según Aguiar, la gestión de Javier Milei ofreció “un 0,8% luego de un año sin recibir aumentos”, mientras que “más de 12.000 trabajadores” y más de 5 millones de jubilados afiliados al instituto padecen el impacto negativo de esta política. ATE y otras organizaciones sindicales anunciaron que concentrarán desde el mediodía en la sede central del PAMI para movilizarse en rechazo a las políticas de ajuste.
En medio de la persistencia del conflicto por las jubilaciones, el Gobierno oficializó la entrega del Bono Extraordinario Previsional del mes de noviembre destinado a quienes cobran el haber mínimo y a beneficiarios de regímenes sociales especiales.
De acuerdo al Decreto 771/2025, la medida pretende “mantener el poder adquisitivo y evitar que los haberes continúen perdiendo capacidad de compra”. El bono, de $70.000, alcanzará a quienes perciban prestaciones contributivas nacionales, a quienes hayan sido transferidos desde cajas provinciales, como así también a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y de pensiones no contributivas. Quienes reciban un monto igual o inferior al haber mínimo recibirán la totalidad del refuerzo extraordinario, en tanto que aquellos que superen el piso accederán a una suma proporcional.
Fotos: Gustavo Gavotti
