Tal como había anunciado el Gobierno, la reforma migratoria se materializó este jueves tras la publicación del decreto en el Boletín Oficial. Con estos cambios, el Gobierno busca facilitar la deportación de extranjeros que cometan delitos y ajustar las normativas sobre el acceso a servicios fundamentales como la salud y la educación pública. Frente a esto, Patricia Bullrich dio detalles sobre cómo se gestó la medida y aseguró que el objetivo es permitir el ingreso de “gente que venga a aportar” y “que no vengan delincuentes”.
La reforma no solo abarca ajustes en el régimen de ingreso, permanencia y deportación, sino que también introduce mayores controles fronterizos y la regularización de inmigrantes. El Decreto 366/2025 establece que la Ley de Migraciones N° 25.871 fue modificada para definir nuevas categorías de residencia, en un intento por regular el influjo migratorio y asegurar que los extranjeros que arribaran al país lo hicieran de manera legal y con propósitos legítimos.
“En los últimos 10 años, a Argentina ingresaron 1.700.000 personas que se quedaron a vivir”, comenzó la ministra de Seguridad de la Nación en una entrevista en LN+. Sin embargo, Bullrich explicó: “Nosotros queremos que los que se queden a vivir tengan la voluntad de hacer crecer al país, de trabajar. Gente que venga a aportar”.
“Que no vengan delincuentes, o con antecedentes, a destruir la vida de los argentinos”, añadió y continuó: “Estamos cuidándonos. Deportando a los que viene a delinquir y cuidando los impuestos de la gente”.
Los cambios también responden a preocupaciones sobre el uso inadecuado de servicios públicos y buscan establecer un sistema más riguroso para la admisión y permanencia de individuos que llegan desde el extranjero.
“Si tributan acá, tienen el mismo derecho a la salud o educación que cualquier argentino. Si no tributa acá, y vive en cualquier otro país y viene a tratarse, tiene que pagar. Los argentinos pagamos la salud a través de los impuestos. Entonces, aquel que no paga tiene que aportar», explicó la ministra de Seguridad.
“Es una reforma necesaria y justa que hace tiempo necesitábamos. Hace más de un año que la estábamos discutiendo. Es integral y le da protección a los ciudadanos de la delincuencia, y también cuida la plata”, concluyó.
La medida es una materialización del objetivo planteado por el presidente Javier Milei durante el discurso que brindó en la Apertura de Sesiones del Congreso de la Nación: “Si queremos ser un país serio, también debemos llevar a cabo una reforma migratoria”.
Uno de los principales cambios aplica modificaciones al artículo 6 de la ley, ya que ahora, “el Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario de los inmigrantes a las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, de acuerdo con los derechos y obligaciones correspondientes a cada categoría migratoria, en particular en lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.
Además, se estableció que si aun cuando su condición migratoria fuera irregular, deberán “ser admitidos como alumnos en un establecimiento educativo inicial, primario o secundario” ya sea de carácter público o privado.
Por otro lado, en cuanto al sistema de salud, aclararon que, en caso de emergencia, “no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria”, mientras que los “extranjeros residentes permanentes podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos”.
Y “en los establecimientos que brinden atención sanitaria administrados por el Estado Nacional, solo se otorgará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio, de conformidad con las condiciones que establezca el Ministerio de Salud”.
A su vez, ordenaron que los extranjeros deberán presentar una declaración jurada al ingresar al país, manifestando los motivos de su entrada y comprometiéndose a no desvirtuarlos. En simultáneo, reforzaron el control sobre la documentación presentada por los inmigrantes, exigiendo que sea auténtica y veraz, y endurecieron las sanciones para aquellos que ingresen de manera irregular o presenten documentos falsos.
