La Cámara Nacional Electoral confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Ernesto Raúl Habra, Sergio Jesús Medrano, Yamil Eloy Salerno y Matías Mauricio Burgos por su presunta participación en un esquema de defraudación a la administración pública y falsedad ideológica de documento público durante las elecciones primarias de 2023 en la provincia de Buenos Aires. La resolución, dictada el 4 de diciembre de 2025, sostiene que los imputados habrían utilizado estructuras partidarias para simular la postulación de precandidatos inexistentes o no consentidos, con el objetivo de acceder de manera ilegítima a fondos públicos destinados al financiamiento electoral.
El caso se originó tras la detección de irregularidades en las listas de precandidatos presentadas por los partidos Encuentro Republicano Federal, Esperanza del Pueblo, Justicia y Dignidad Patriótica y Proyecto Joven. Según la investigación, estas agrupaciones incluyeron en sus nóminas a personas fallecidas y a ciudadanos que desconocían su postulación o incluso la existencia del partido por el que supuestamente competían. La Cámara Nacional Electoral subrayó que, de las 228 precandidaturas relevadas, 170 no fueron ratificadas por los supuestos postulantes, quienes declararon no haber consentido su inclusión, mientras que solo 58 resultaron ratificadas, aunque varios testigos afirmaron no haber firmado documento alguno.
La maniobra, según el tribunal, tenía como finalidad obtener los fondos públicos asignados para la impresión de boletas y el financiamiento de la actividad partidaria. En el caso de Proyecto Joven, se le asignó un total de $352.050.020,32 en concepto de aportes de campaña e impresión de boletas, mientras que Justicia y Dignidad Patriótica recibió $124.224.124,30 por los mismos conceptos. Aunque Esperanza del Pueblo y Encuentro Republicano Federal no lograron cobrar los montos asignados debido al rechazo de sus listas, la Dirección Nacional Electoral había previsto sumas millonarias para estas agrupaciones.
El procesamiento de Ernesto Raúl Habra se fundamenta en su rol como apoderado del partido Encuentro Republicano Federal y en la presentación de actas y nóminas de precandidatos con irregularidades manifiestas. El tribunal destacó que Habra tenía acceso a la presentación de declaraciones juradas de precandidatos y que en su poder se halló diversa documentación vinculada a los partidos investigados, incluyendo modelos de boletas, fichas de afiliación y actas de fundación. Además, la imprenta DWP S.R.L., vinculada a Habra y su esposa, fue la empresa contratada por los partidos para la impresión de boletas, lo que representó un negocio multimillonario para la firma.
En su declaración, Habra negó haber realizado presentaciones para partidos distintos a Encuentro Republicano Federal y atribuyó la responsabilidad a José Alejandro Bonacci y Sergio Medrano, a quienes acusó de haberlo “estafado”. Solicitó la realización de un peritaje caligráfico para probar sus dichos y explicó que la imprenta DWP S.R.L. era la única en el país capaz de imprimir los ocho cuerpos de boleta requeridos por la justicia electoral.
Por su parte, Sergio Jesús Medrano, apoderado de Justicia y Dignidad Patriótica, reconoció que, aunque era la persona visible ante el juzgado, “toda la gestión y administración del partido la había puesto en manos del señor Ernesto Habra”. Medrano también admitió haber recibido “poco más de 100 millones” de pesos, de los cuales la mayor parte se destinó a la impresión de boletas y folletería.
En el caso de Yamil Eloy Salerno, apoderado de Proyecto Joven, el tribunal consideró que sus explicaciones no justificaban que, de las 47 postulaciones relevadas, solo 4 fueran ratificadas por los declarantes, mientras que 43 negaron haber accedido a participar en la contienda electoral. Además, se detectó la inclusión de una persona fallecida como precandidata y la existencia de documentación partidaria en poder de Habra. Salerno negó las imputaciones y sostuvo que “las listas han participado todas bien, no tuvo inconvenientes”, aunque reconoció haber dado de baja a precandidatos duplicados con otro partido.
Respecto a Matías Mauricio Burgos, apoderado de Esperanza del Pueblo, el procesamiento se basó en que 47 de las precandidaturas postuladas por su partido fueron desconocidas por las personas involucradas y en que la nómina presentada fue rechazada por defectos formales y la inclusión de tres personas fallecidas. Burgos afirmó no haber presentado la documentación y desconocer la existencia de los documentos con su firma digital.
En cuanto a las medidas cautelares, se confirmaron los embargos sobre los bienes y cuentas de los imputados: $480.000.000 para Habra, $140.000.000 para Medrano, $370.000.000 para Salerno y $50.000.000 para Burgos.
El dictamen fiscal acompañó la postura del tribunal, al sostener que en la causa se investiga “la confección y utilización de documentación falsa, para lograr la aprobación de precandidaturas para las elecciones primarias del año 2023 en la provincia de Buenos Aires, de forma tal de obtener financiamiento para la impresión de boletas, pero sin una real vocación de competir electoralmente, de modo tal que perseguían defraudar al Estado, en tanto dicha erogación no fuera destinada a tal fin sino utilizada en beneficio propio”.
