En el programa Libertad de Expresión (Radio Rock & Pop 106.9, Tucumán), el gobierno provincial fue mencionado en relación con la posible impulso de cuatro reformas, entre ellas una reforma laboral. Para abordar el tema, se logró una comunicación telefónica con Gustavo Salas Correa, referente de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en Tucumán y parte de la conducción nacional liderada por Pablo Michelli.
Salas Correa aclaró que no se desempeña como Secretario General de ATE, sino como referente del “sector” en la provincia, vinculado a la CTA Autónoma.
Consultado sobre la reforma laboral, manifestó que el sector gremial la observa “con mucha preocupación”, ya que consideran que su objetivo es “quitarle o cercenar los derechos que tienen los trabajadores”.
“Lo que pretende este gobierno es tener mano de obra barata, correrlo cuando se le antoje sin tener que pagar un peso.”
Explicó que los juicios laborales surgen cuando “los empresarios o los que están a cargo de los distintos sectores no cumplen con lo que correspondía”, por lo que la acción legal es un mecanismo de defensa de derechos. Adelantó que la reforma incluiría cambios en licencias y condiciones de trabajo, como la posibilidad de que las empresas autoricen descansos “cuando ellos consideren conveniente, no cuando realmente pueda tener derecho el trabajador”.
También mencionó el impacto en beneficios colectivos, como la posibilidad de coordinar vacaciones entre parejas que trabajan en el sector público, y advirtió sobre las consecuencias salariales: “Si hoy por hoy estamos muy mal, mucho peor va a ser cuando estos señores avancen con la reforma laboral”.
Ante esto, señaló que se prevé presentar un pedido formal al gobernador para convocar a “todos los sectores gremiales de la provincia, privado, estatal, pero a todos, conjuntamente con los legisladores nacionales”, con el fin de analizar qué impulsa el gobierno nacional y qué conviene a Tucumán.
Destacó la importancia de la participación gremial en decisiones estratégicas, por su rol histórico en la conformación de autoridades electas: “El movimiento obrero fue fundamental para designar, para que salgan gobernadores, para que salgan legisladores”.
Asimismo, señaló que en Tucumán se registraron 15.000 despidos y, a nivel nacional, más de 300.000 trabajadores perdieron sus empleos, con cierre diario de empresas. En ese contexto, consideró que avanzar con la reforma agravaría la situación.
Sobre la caída del consumo, señaló que no se resuelve “restando derechos a los trabajadores”, y aclaró que la medida no beneficiaría a todo el sector empresarial: “Al pequeño empresario no le va a ir muy bien, a las pymes no le va a ir muy bien, va a ser perjudicial”.
Subrayó que el consumo depende del ingreso de los trabajadores, y observó que actualmente “nadie llega a mitad de mes”, utilizando las tarjetas de crédito para comprar alimentos, no bienes durables.
“Va a precarizar más el salario del trabajador, va a ser peor todavía, van a ganar mucho menos.”
Consultado sobre la dirigencia sindical y su ausencia en movilizaciones, coincidió en que hay “silencio abrumador” en varias organizaciones. Mencionó que, si bien participa en acciones como la marcha semanal en la Plaza Independencia, otros sectores no lo hacen, pese a que “los jubilados, el día de mañana, seran muchos de los estatales y privados que hoy no marchan”.
Atribuyó esta ausencia a “arreglos bajo la mesa que perjudican a los trabajadores, perjudican a los jubilados, perjudican a todos los sectores, porque se benefician un grupo”.
“Acá hay arreglos bajo la mesa… se benefician un grupo, y vos lo has dicho perfectamente, hay gente muy poderosa… se llenan los bolsillos, a costillas de los trabajadores, a costillas del pueblo.”
Sobre la situación laboral en el Estado tucumano, recordó que hubo un período en el que los trabajadores con tres años de antigüedad pasaban a planta permanente, aunque denunció irregularidades en la aplicación: funcionarios “ponían a sus amigos como para que lo hagan pasar a plantas permanentes, cuando en realidad no llegaban a tener los 3 años”.
También mencionó la existencia de “cifras en negro” en el empleo público: “El 60% del ingreso, por ejemplo del estatal… es en negro”. Aclaró que, en algunos casos, para trabajadores a 10 años de jubilarse, se regularizaban los ingresos “para que el día que vos te jubiles tenga la posibilidad de que todo ese dinero vaya contemplado para tu jubilación”.
Consultado sobre si podía dar nombres de dirigentes involucrados en acuerdos no transparentes, respondió que no se ven asambleas, y repitió varias veces: “no se ven las asambleas”.
“Dicen que hacen asambleas y no se ven las asambleas.”
