Otra propiedad del empresario ligado al kirchnerismo Lázaro Báez fue subastada en la localidad de José Ignacio, en Uruguay. En un acuerdo entre la Junta Nacional de Drogas y la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios de Montevideo, el predio Arenas fue subastado por US$320.000, un valor menor a lo esperado. En enero, El Entrevero fue vendido por la suma millonaria de US$11 millones.
Se trata de un lote de casi 2000 metros cuadrados a unos 5 kilómetros del faro de José Ignacio, cuyo precio de venta se esperaba que supere los US$400.000. Forma parte de la manzana 51, con frente a la Ruta 10 y con salida a la calle Simonides. Al igual que El Entrevero hasta su venta, este terreno fue decomisado en 2018 por una presentación judicial y estuvo en manos de la Justicia uruguaya desde entonces.
La propiedad tuvo una base inicial fijada en US$117.000 por su estado de conservación regular y la presencia de estructuras como corrales de encierro, un corral de vareo y una manga de carga. Finalmente se remató por US$320.000.
De acuerdo a lo que publicó el medio uruguayo El Correo de Punta del Este, el predio generó durante estos años una deuda de impuestos municipales de aproximadamente US$15.000. El terreno fue adquirido por Báez en 2011 por US$800.000 como parte de varias operaciones inmobiliarias, según la Justicia uruguaya, para blanquear dinero de origen ilícito provenientes de coimas por la obra pública en la Argentina durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015).
Por el 2016, los legisladores argentinos Manuel Garrido y Graciela Ocaña solicitaron que se lo investigue por la posible comisión del delito de lavado de activos a los directores y accionistas de un amplio conjunto de sociedades. Además de Austral Construcciones, la firma insignia del conglomerado empresarial de Baez, entre ellas estaban, Relway Company SA, Badial Sociedad Anónima, Teegan Incoporater, SGI Argentina SA; SGI Bursátil Sociedad de Bolsa SA y ATC Argentine Trust Company SA.
En este contexto, la propiedad fue decomisada en septiembre del 2018 por el Juzgado Letrado Especializado en Crimen Organizado ya que la Justicia uruguaya determinó que fue comprada con dinero de procedencia ilegal.
Sobre Baez cae la sospecha de haber sido un engranaje clave en la matriz de corrupción que se desplegó en los años del kirchnerismo. En la causa conocida como “La ruta del dinero K” el empresario patagónico fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero, y en la denominada Vialidad recibió junto a la expresidenta Cristina Kirchner la pena de seis años de prisión por fraude. También fue condenado a tres años y a seis meses por la retención de aportes de sus empleados de Austral Construcciones y, en agosto del año pasado, sumó la condena por lavado de dinero en Uruguay por la compra de El Entrevero.
El Entrevero
Tal como publicó LA NACION, a principios de enero El Entrevero fue subastado. La base del remate había sido fijada en US$3,5 millones, pero el precio escaló rápidamente y la propiedad se remató en US$11 millones.
Los participantes habilitados no superaban las 10 personas y los que terminaron ofertando fueron solo tres. El remate comenzó con una base de US$ 3,5 millones.
En agosto de 2024, a las tres condenas por corrupción que ya tenía Báez, se sumó la condena por lavado de dinero en Uruguay por la compra del campo El Entrevero, de 152 hectáreas sobre las costas del mar, cerca de José Ignacio. Por esa adquisición fue sentenciado a cuatro años y medio de cárcel.
La propiedad que se remató tiene más de 145 hectáreas y está ubicada frente a Ruta Nacional N°10, entre San Vicente y Eden Rock. Las otras siete hectáreas del terreno de 152 hectáreas, las más codiciadas, que comenzaban en la ruta y se extendían hacia la costa del mar, ya habían sido subastadas hace un año. Lo que se remató este miércoles fue la mayor parte del campo (145 hectáreas), que comienza en la ruta 10 y sigue hacia el norte.
La oferta ganadora fue de US$10,8 millones y se impuso en la compulsa una empresa uruguaya que forma parte de Consultatio, la empresa que preside Eduardo Costantini, fundador de Nordelta.
Por la compra del El Entrevero, en 2011, se pagaron US$14 millones. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños, según la acusación.
