Luego de que los gremios docentes de la CGT anticiparan un paro para el próximo lunes 2 de marzo, el Gobierno nacional anunció la convocatoria de una nueva reunión para retomar las negociaciones salariales. La decisión fue tomada luego de que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenara suspender el Decreto 341/25.
Por medio de un comunicado del Ministerio de Capital Humano, se confirmó la citación a la Comisión Negociadora del Convenio Marco para el mismo día que estaba prevista la medida de fuerza. “En virtud de la medida cautelar, se ha convocado a las partes para el próximo lunes 2 de marzo a las 12 horas”, asentaron.
A pesar de haber cedido a la disposición judicial, las autoridades sostuvieron su postura respecto al contenido del decreto 341/25, en el que habían determinado que las cuestiones paritarias del sector educativo deberían ser responsabilidad de cada gobierno provincial.
“[La medida] Procuró otorgar mayor libertad a las provincias —verdaderas empleadoras de los docentes— y a los gremios para que, a través del Consejo Federal de Educación (CFE), fueran ellas las protagonistas de la negociación colectiva, sin la intermediación de la Administración Central», plantearon desde la Secretaría de Educación y la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ambas carteras anexadas al ministerio que conduce Sandra Petovello.
En las horas previas, los sindicatos docentes de la CGT habían confirmado un paro nacional para el próximo lunes, en respuesta al estancamiento de las negociaciones salariales con el Gobierno y en medio del mayor ajuste presupuestario en educación de las últimas décadas. La fecha coincidió con el regreso de las clases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
La decisión se tomó en un congreso extraordinario de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), presidido por Sonia Alesso, y luego fue acompañado por sindicatos de la CGT. Se plegaron la Unión Docentes Argentinos (UDA), bajo la conducción de Sergio Romero —quien es además secretario de Políticas Educativas de la central gremial—, y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), liderada por Fabián Felman.
Junto a la CGT y CTERA, también se sumará el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA—, reforzando la dimensión nacional e interprovincial del paro.
Según indicaron fuentes oficiales a Infobae, esta medida de fuerza se produce tras la denuncia de los sindicatos por el retiro del Estado Nacional de obligaciones en materia de financiamiento educativo y la derogación de normativas que aseguraban la inversión en el sector. Por esto, advirtieron que estaría en peligro la igualdad y el futuro de cientos de miles de estudiantes.
Al respecto, Romero expresó: “Los docentes de la CGT venimos reclamando respuestas concretas hacia el sector docente, pero no las encontramos”. Felman, por su parte, afirmó que la interrupción de las clases responde a la necesidad de defender los derechos laborales y salariales: “Se nos impone, en las actuales circunstancias, generadas por el Gobierno, reaccionar en defensa de los derechos laborales y salariales, por eso se paraliza la educación el 2 de marzo en todo el país”.
Además del aumento salarial, el congreso extraordinario de CTERA exigió una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un incremento urgente del presupuesto escolar. En la lista de demandas incluyeron “condiciones dignas de trabajo, infraestructura adecuada, recursos pedagógicos, conectividad para el dictado de clases y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes”.
En este sentido, reclamaron que se invierta en el sistema educativo y el presupuesto para Educación Técnico Profesional. Asimismo, alertaron que la falta de presupuesto “genera un gran impacto negativo en la calidad educativa, en la desigualdad y en el futuro de cientos de miles de alumnos y alumnas”.
En paralelo, rechzaron el proyecto de “Libertad Educativa”, propuesto por el gobierno de Javier Milei, y advirtieron que esta iniciativa “detonará el sistema educativo argentino”. Por otro lado, se opusieron a la ley de modernización laboral por considerar que busca “oprimir al trabajador con la declaración de esencialidad”.
Respecto a la situación en la provincia de Buenos Aires, los sindicatos mantienen abiertos los canales de diálogo con el gobernador Axel Kicillof, aunque consideraron que el proceso paritario se encuentra estancado. En los últimos días, los gremios rechazaron una propuesta salarial del 3% de incremento y la negociación pasó a un cuarto intermedio.
De acuerdo con el panorama expuesto por los gremios bonaerenses, la medida afectará a cerca de un millón de chicos, quienes no podrán iniciar las clases en la jurisdicción más grande del país. Esta cifra dimensionaría el alcance social inmediato del paro nacional, lo que obligó a situar la discusión paritaria en el centro del debate público.
