Con el objetivo de evitar designaciones cuestionadas y reforzar la neutralidad en organismos clave del Estado, la diputada nacional Mercedes Llano, representante de Mendoza por el Partido Demócrata y aliada de La Libertad Avanza, presentó en el Congreso un proyecto de ley que propone establecer un requisito inédito: un período obligatorio de “abstinencia política” de diez años para quienes aspiren a ocupar cargos superiores en los órganos nacionales de control y jurisdicción.
La iniciativa busca impedir que quienes hayan tenido vínculos recientes con partidos políticos puedan acceder a funciones sensibles dentro del esquema institucional argentino. La propuesta se aplica a organismos como la Auditoría General de la Nación, el Consejo de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, la Oficina Anticorrupción, entre otros entes cuya independencia suele estar en debate cuando se trata de nombramientos.
En concreto, el proyecto presentado por Llano establece que las personas que sean propuestas para esos cargos deberán acreditar que, durante los diez años anteriores a la fecha de su postulación, no estuvieron afiliadas a ninguna fuerza política, no fueron precandidatos ni candidatos, ni ocuparon cargos electivos, de confianza política o de carrera dentro de cualquiera de los tres poderes del Estado nacional. Esta restricción no se aplicará a quienes hayan accedido a sus funciones mediante concurso público.
El texto define la noción de “abstinencia política” como un marco restrictivo diseñado para asegurar que los funcionarios designados estén alejados de toda influencia partidaria o compromiso político previo. Desde el espacio de La Libertad Avanza, señalaron que el objetivo es promover un ejercicio “más imparcial e íntegro” del poder público y despolitizar el funcionamiento de las instituciones, con el fin de contribuir al fortalecimiento del sistema republicano.
Llano sostuvo en los fundamentos del proyecto que la propuesta apunta a “despartidizar organismos e institutos públicos, garantizando su autonomía y jerarquizando su composición con funcionarios idóneos”. A su vez, explicó que la abstinencia política se plantea como un mecanismo de salvaguarda que pretende “preservar la neutralidad y la transparencia en la administración del Estado, asegurando que las decisiones se tomen en función del bien común y no de agendas personales o partidistas”.
El proyecto no fue presentado en soledad. La iniciativa cuenta con el respaldo de un grupo de legisladores del mismo espacio político y fuerzas afines. Entre quienes firmaron la propuesta se encuentran Alida Ferreyra, Paula Omodeo, Carlos García, María Emilia Orozco, Lilia Lemoine, Julio Moreno Ovalle y Lorena Villaverde.
Desde el entorno de Llano, remarcaron que el propósito no es restringir derechos políticos, sino establecer criterios para asegurar la independencia de quienes deben controlar, juzgar o fiscalizar al Estado. En esa línea, indicaron que el hecho de no haber ocupado cargos políticos ni haber estado afiliado a un partido durante la última década configura una garantía de imparcialidad que se considera imprescindible en la gestión pública, particularmente en funciones de contralor.
El proyecto aparece en un contexto donde las designaciones en organismos de control han sido objeto de críticas reiteradas por parte de distintos sectores, que señalan la falta de independencia de funcionarios con antecedentes políticos o partidarios. La propuesta impulsada por la diputada mendocina busca imponer un nuevo estándar que, de ser aprobado, modificaría las reglas de acceso a algunas de las posiciones más sensibles del entramado institucional.
Por el momento, la iniciativa fue presentada en la Cámara baja y aguarda su tratamiento legislativo. El debate promete abrir discusiones en torno al equilibrio entre la experiencia política y la necesidad de independencia en los organismos de control, en un escenario donde las tensiones entre oficialismo y oposición también se juegan en el terreno de las designaciones.
