Tres jueces federales de los Estados Unidos autorizaron el acceso a cuentas bancarias vinculadas a contratos millonarios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio “Chiqui” Tapia, lo que permitió exponer un sistema de recaudación paralela que habría concentrado cerca de USD 300 millones fuera del control institucional. La causa, que ya generó alertas en el sistema financiero norteamericano, avanza hacia una intervención del Departamento del Tesoro. En simultáneo, el empresario Guillermo Tofoni, denunciante original de las maniobras que destaparon el escándalo, presentará en las próximas horas una nueva denuncia ante la Justicia argentina para que se investiguen la sustracción y los desvíos de fondos provenientes de los contratos comerciales de la AFA y de la Selección Nacional, según pudo confirmar esta mañana Infobae.
La investigación más delicada que enfrenta actualmente la AFA no se inició en Comodoro Py ni en tribunales locales. Tampoco surgió de una auditoría interna o de un conflicto dirigencial público. Su origen fue en tribunales federales de Estados Unidos, donde la Justicia habilitó una serie de medidas de discovery que permitieron rastrear fondos millonarios que circularon por bancos estadounidenses vinculados a contratos internacionales de la Asociación, donde impera “Chiqui” Tapia.
El resultado de estas decisiones judiciales excede una disputa comercial o una controversia contable. Se trata de una trama financiera compleja, con sociedades privadas, intermediarios, bancos internacionales y una profunda asimetría entre lo declarado en Argentina y lo registrado en el sistema financiero estadounidense. Por su volumen y sofisticación, el caso amenaza con convertirse en el mayor escándalo económico en la historia del fútbol argentino.
El punto de quiebre: el dinero bajo la lupa federal
A partir de la presentación que hizo Tofoni en octubre, tres jueces federales de distintos distritos de Estados Unidos autorizaron pedidos formales de acceso a información bancaria relacionada con las cuentas donde se ejecutaban los contratos firmados por la AFA. Las presentaciones argumentaron la existencia de un perjuicio económico derivado del desconocimiento de un contrato comercial vigente y la sospecha de que fondos generados por partidos amistosos, sponsors y acuerdos de marketing fueron canalizados a través de cuentas radicadas en ese país.
A diferencia del sistema judicial argentino, donde el secreto bancario y la fragmentación institucional suelen ralentizar los procesos, el derecho estadounidense exige obligaciones estrictas a las entidades financieras. Una vez habilitado el discovery, los bancos deben entregar información detallada sobre titulares de cuentas, beneficiarios finales, movimientos, conceptos de pago y transferencias a terceros. El Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus tuvieron que abrir sus cuentas.
Según reconstruyó Clarín y pudo confirmar Infobae, la denuncia inicial también fue presentada ante organismos federales y habilitó la intervención del propio Departamento del Tesoro, debido a las presuntas maniobras de lavado de dinero, evasión fiscal y desvío de fondos vinculados a esos contratos internacionales de la AFA. El dato central no fue solamente el contenido de la denuncia, sino la jurisdicción donde se sustancia la investigación: Estados Unidos.
Buena parte del dinero bajo sospecha circuló por bancos estadounidenses, habilitando la competencia directa de fiscales, jueces y agencias federales de ese país. Una vez activados estos mecanismos, el expediente deja de depender de la voluntad política o deportiva de los involucrados.
TourProdEnter LLC, la caja oscura del fútbol argentino
La documentación judicial identificó el núcleo de la operatoria: TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en agosto de 2021 en Florida. Cuatro meses después de su creación, la empresa fue designada por la AFA como Agente Comercial Exclusivo para el Exterior, con facultades para recaudar ingresos fuera de Argentina, administrar pagos internacionales, cubrir gastos logísticos y remitir excedentes a la casa matriz del fútbol argentino.
La decisión respondió a un contexto particular. Argentina atravesaba un endurecimiento del cepo cambiario, restricciones severas para el acceso a divisas y una brecha creciente entre el dólar oficial y los tipos de cambio financieros. Ese escenario justificó la tercerización, en una empresa extranjera, de la recaudación internacional de contratos estratégicos vinculados a la Selección campeona del mundo.
Según documentación bancaria confidencial analizada por La Nación, entre 2022 y 2025 TourProdEnter LLC acumuló más de USD 260 millones en cuentas abiertas en los cuatro bancos estadounidenses mencionados: Bank of America, Citibank, Synovus y JP Morgan. La cifra excluye transferencias internas entre cuentas de la propia empresa, lo que sugiere que el volumen real de movimientos fue aún mayor y se aproxima a USD 300 millones.
El origen del dinero investigado
Los ingresos que abastecieron esas cuentas provinieron de al menos tres grandes fuentes:
Sponsors internacionales de la Selección Argentina, con Adidas como principal aportante.
Derechos de transmisión y plataformas digitales, entre ellas AFA Play.
Partidos amistosos internacionales, organizados en Asia, Medio Oriente, África y Estados Unidos.
Los registros bancarios muestran transferencias millonarias con conceptos explícitos vinculados a la explotación comercial de la Selección. En numerosos casos, los fondos ingresaron directamente a cuentas de TourProdEnter LLC, sin pasar por cuentas de la AFA en Argentina.
Este punto resulta central: la AFA es la beneficiaria económica final de esos contratos, pero el dinero quedó depositado en bancos extranjeros a nombre de una empresa privada intermediaria.
Una facultad sin contrapesos visibles
Otro aspecto que inquieta a los investigadores es el control efectivo de las cuentas. En los registros, Erica Gillette figura como la única persona con facultades plenas para ordenar transferencias, tanto entre cuentas propias como hacia terceros. Si bien existen tarjetas asociadas a otros firmantes, no aparecen instrucciones documentadas de la AFA en los extractos analizados.
Desde el punto de vista institucional, la pregunta es directa:
¿Qué mecanismos de auditoría, control interno o seguimiento aplicaba la AFA sobre una empresa que administraba cientos de millones de dólares en su nombre?
Hasta ahora, esa pregunta no tiene respuesta pública.
El problema no fue cómo entró la plata, sino cómo salió
Uno de los elementos más relevantes del expediente es que los fondos ingresaron de manera regular. Los contratos se firmaban con la AFA, los sponsors pagaban los montos acordados y las transferencias se realizaban a cuentas indicadas formalmente “en representación” de la asociación. El origen del dinero no era ilícito.
La sospecha penal surge después: en la administración y el destino final de esos recursos.
De acuerdo con la investigación, una parte sustancial del dinero nunca fue transferida a la AFA. Otra porción significativa —cerca de USD 110 millones— habría sido girada a Adcap Uruguay Agente de Valores. Según la documentación analizada por La Nación, esos fondos fueron canalizados luego a través de vehículos financieros radicados en Islas Vírgenes Británicas, jurisdicción asociada históricamente a estructuras offshore.
El mecanismo habría permitido custodiar fondos fuera del país y eventualmente reingresarlos mediante operaciones financieras, aprovechando la normativa vigente. Aunque la firma uruguaya sostiene que actuó dentro del marco regulatorio, el esquema refuerza la complejidad deliberada del recorrido del dinero.
Las sociedades fantasma: el capítulo más sensible
El capítulo más delicado del caso es el envío de al menos USD 42 millones desde TourProdEnter LLC hacia cuatro sociedades de responsabilidad limitada radicadas en Florida:
Soagu Services LLC
Marmasch LLC
Velp LLC
Velpasalt LLC
Las transferencias se realizaron de manera sostenida durante los últimos tres años, con montos que oscilaron entre cinco y seis cifras por operación.
Las investigaciones de La Nación revelaron que estas sociedades comparten características típicas de estructuras pantalla:
No tienen empleados registrados.
No declaran actividad comercial real.
Utilizan domicilios de oficinas virtuales en Miami.
Fueron constituidas mediante un agente registrador observado en investigaciones internacionales por facilitar estructuras opacas.
El dato más llamativo es el perfil de las personas asociadas a estas firmas: ciudadanos argentinos residentes en Bariloche, con empleos formales modestos, antecedentes de deudas, ejecuciones judiciales y, en un caso, una quiebra con presunción de fraude.
La distancia entre ese perfil económico y el volumen de fondos recibidos constituye uno de los principales indicios que estudian los investigadores estadounidenses.
La paradoja contable: invisible afuera, central adentro
Mientras en Estados Unidos TourProdEnter aparece como una empresa que recibió cientos de millones de dólares vinculados a la AFA, en Argentina su reflejo contable fue durante años prácticamente inexistente.
Recién en el balance presentado ante la Inspección General de Justicia al 30 de junio de 2024, la empresa figura explícitamente, y no como intermediaria sino como deudora:
USD 14,5 millones al tipo de cambio oficial de ese momento (13.296 millones de pesos).
Ese pasivo convierte a TourProdEnter en el principal crédito a cobrar de la AFA. La inclusión tardía de la firma y la falta de desagregación previa generan interrogantes sobre la transparencia de la información financiera presentada. La IGJ ya había advertido que las partidas de “significación relativa” deben mostrarse de manera separada para permitir una interpretación adecuada. En este caso, la omisión se extendió por más de dos años.
Del expediente estadounidense al regreso a Comodoro Py
Las revelaciones surgidas en Estados Unidos alteraron el escenario local. Guillermo Tofoni, empresario y titular de WorldEleven, denunciante original de las maniobras que investiga la Justicia norteamericana, presentará en las próximas horas una nueva denuncia ante la Justicia argentina.
La presentación busca que se investiguen la sustracción y los desvíos de fondos millonarios provenientes de contratos comerciales de la AFA y de la Selección Nacional. El planteo sostiene que estas maniobras habrían perjudicado al fútbol argentino en su conjunto, incluyendo clubes, selecciones, jugadoras, jugadores y recursos que debían ingresar al circuito institucional.
Según Clarín, organismos del Estado argentino ya intervinieron formalmente y remitieron documentación a fiscales estadounidenses, señalando una presunta “mala conducta financiera” y la posible elusión de controles fiscales. También se habrían efectuado presentaciones ante organismos internacionales del fútbol.
Un escándalo en expansión
La conducción de la AFA destacó en reiteradas ocasiones haber alcanzado el “fair play financiero” tras el Mundial de Qatar. Los números locales exhiben superávits crecientes. Sin embargo, la investigación expone una tensión estructural: superávit contable interno versus opacidad en la gestión de fondos internacionales.
El expediente se encuentra en etapa de investigación. No existen imputaciones formales ni resoluciones definitivas. Aun así, el volumen de fondos, la sofisticación de las estructuras utilizadas y la acumulación de indicios convierten al caso en una bomba de tiempo institucional.
En esta historia, la pelota ya no rueda. El partido se disputa en los tribunales. Y esta vez, el árbitro está en Washington.
