Es de público conocimiento que el diálogo entre la Casa Rosada y la Presidencia del Senado de la Nación a cargo de la vicepresidenta Victoria Villaruel es nulo. Las diferencias políticas marcaron un desencuentro que, con la salida de Guillermo Francos que oficiaba como interlocutor entre las partes, hizo que la comunicación hoy sea inexistente.
Esas diferencias se fueron profundizando y una última decisión de Villarruel marca que tomaron caminos diferentes en lo que se refiere a algunas cuestiones, en especial, a la política salarial que define cada uno.
El Ejecutivo nacional avanza en su idea de recorte de los trabajadores públicos. Lo hace de dos maneras, la primera es despidiendo trabajadores, la segunda, congelando o dando un exiguo aumento salarial que hace que aquellos funcionarios públicos de carrera empiecen a mirar opciones en el sector privado vaciando al Estado de mano de obra calificada.
Tanto es así que la política salarial restrictiva del Estado nacional llegó a los ministros que señalan que le es imposible “tentar” a aquellos que nunca tuvieron vocación por lo público para que se sumen a “esta etapa transformadora” y dejen sus cómodos despachos en multinacionales para transitar los pasillos de los ministerios.
Los salarios de los agentes públicos ya fueron motivo de disputa entre el presidente de la Nación, Javier Milei, y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. En especial porque en el Senado de la Nación quienes definen la dieta que van a cobrar los senadores son los propios legisladores y no la Presidenta del cuerpo.
Pero lo que sí definió Villarruel fue un bono de fin de año para los trabajadores de la Cámara Alta. Mediante un decreto de la presidencia de la Cámara se definió otorgar a los trabajadores del Palacio Legislativo un plus salarial de 500.000 pesos.
La decisión se tomó con el decreto legislativo 604/25 que establece que el bono tiene carácter “extraordinario, único y no remunerativo” y abarca a todos los empleados de planta permanente con una antigüedad superior a los seis meses y que no se encuentren de licencia -sin goce de haberes- actualmente.
“Es política institucional de esta Presidencia del Honorable Senado de la Nación promover la mejora continua de las condiciones laborales, consolidar la carrera administrativa regulada por el Estatuto para el Personal del Congreso de la Nación y fortalecer de manera permanente el funcionamiento institucional- de ésta Cámara, reconociendo que el bienestar del personal constituye un componente esencial para la calidad, eficiencia y continuidad del servicio público parlamentario», explica en los considerandos.
En otra parte del documento la Presidenta de la Cámara de Senadores facultó a las direcciones generales de Recursos Humanos y de Administración a instrumentarlo.
La decisión se tomó días después de que se realizara la jura de los nuevos diputados en donde desde el bloque de Unión por la Patria, y en voz de su presidente Germán Martínez, se le reclamara a la presidencia de la Cámara Baja que se actualizaran los salarios de los trabajadores de Diputados que no sólo vienen atrasados respecto de sus pares del Senado, sino que vienen perdiendo contra la inflación acumulada.
“El bienestar del personal constituye un componente esencial para la calidad, eficiencia y continuidad del servicio público parlamentario”, consideró Villarruel en el decreto 604/2025.
Villarruel explicó en el decreto que la decisión es como consecuencia de la “participación activa y esencial en el funcionamiento del Honorable Senado, desempeñándose con responsabilidad en tareas técnicas, administrativas, de servicios, operativas y de soporte logístico indispensables para garantizar la continuidad y calidad del servicio parlamentario».
Además, señala que el Honorable Senado “se encuentra facultado para otorgar asignaciones extraordinarias o bonos de pago único», como herramienta para atender “circunstancias excepcionales o estacionales que impactan en el personal legislativo, sin modificar la remunerativa básica del régimen escalafonario».
Esto podría generar una nueva discusión entre la presidencia del Senado y la Casa Rosada que viene teniendo como política, desde que inició en 2023 y aplicó una fuerte devaluación, la firma de paritarias salariales por debajo de la inflación. Según los datos oficiales, los ingresos vía los salarios de los empleados públicos cayeron un 32,6% en términos reales desde noviembre del 2023 hasta septiembre del 2025,
