LA LEGISLATURA Y LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ACORDARON TRABAJAR EN CONJUNTO EN LA PEDAGOGÍA DE LA MEMORIA, MEDIO AMBIENTE Y PUEBLOS ABORÍGENES

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Durante el encuentro, el titular del área, Mario Racedo le planteó al vicegobernador,  Miguel Acevedo la necesidad de elaborar un proyecto de ley, que incluya las costumbres consuetudinarias de los pueblos aborígenes para que  los jueces  las puedan aplicar.

Este lunes, el vicegobernador Miguel Acevedo, acompañado por el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, legislador Gabriel Yedlin, recibió en la Legislatura al secretario de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Mario Racedo, con quien abordaron diversos temas como la pedagogía de la memoria, la aplicación de la Ley Yolanda para preservar el medio ambiente, violencia institucional, y el acompañamiento de la Legislatura a los pueblos aborígenes.

Durante la reunión, el funcionario provincial puso a disposición de la Legislatura todas las herramientas legales derivadas de la Ley Yolanda para la preservación del medio ambiente.

Al finalizar el encuentro, Racedo enfatizó la importancia de incorporar la pedagogía de la memoria en los establecimientos educativos provinciales. Destacó que esta medida permitirá que los alumnos puedan acercarse a sitios de memoria significativos, como el Pozo de Vargas (registro del depósito de cadáveres más alto del país, 149 metros) y al Arsenal Miguel de Azcuénaga (Centro clandestino de detención).

Otro de los temas abordados fue el acompañamiento de la Legislatura a las necesidades de los pueblos aborígenes. Al respecto, se resaltó la necesidad de incluir dentro de la legislación provincial aquellas normas que forman parte del derecho consuetudinario en la resolución de sus conflictos comunitarios: «Para que de esta manera las comunidades aborígenes tengan  un lugar de contención y los jueces puedan aplicar este derecho”, puntualizó el secretario de Justicia y Derechos Humanos.

El legislador Yedlín coincidió en la necesidad de trabajar de manera conjunta con la secretaría y las comunidades aborígenes para elaborar un proyecto de ley que acerque el código de convivencia de las comunidades a las leyes actuales.