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La Unidad Fiscal de Delitos Complejos del MPF continuó con las audiencias de formalización de cargos por amenazas de bombas en establecimientos educativos.
Este jueves, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, que dirige Mariana Rivadeneira, solicitó una audiencia de formalización de cargos para imputar a una alumna, de 18 años, por el delito de intimidación pública, en dos oportunidades, en perjuicio de la Escuela Secundaria N°248 Juan Luis Nougués de San Miguel de Tucumán, ocurrido el lunes 7 de agosto del corriente año.
Luego de relatar el hecho (ver aparte), la Fiscal se refirió a las evidencias, entre ellas, el oficio de la telefonía de celular prestataria que señala la titularidad de la joven con la línea atribuida en los mensajes enviados a la docente. «Existen elementos que la vinculan con el número de línea del cual provino la amenaza. No resulta menor que el día posterior al hecho lo denunció como robado. Por lo tanto, el peligro procesal está dado porque se falseó un dato pidiendo la suspensión de la línea y el acto posterior (por parte de la defensa técnica) de adjuntar un teléfono distinto del que provinieron las amenazas”, afirmó Rivadeneira.
A continuación pidió la prisión preventiva por dos meses para la estudiante (que se encuentra cursando el 6° A) y un embargo de $3.000.000 (por el término de seis meses –que demandará la investigación-). “Resulta procedente solicitar la inhabilitación general de bienes por el término que dure la investigación y por un importe de $3.000.000. Nadie puede negar los gastos de poner en marcha el procedimiento de evacuación (personal de tránsito, bomberos, ambulancia y agentes estatales)”, agregó Rivadeneira quien informó que debieron ser evacuados 750 estudiantes y 64 docentes.
“Ayer miércoles tuvimos 17 amenazas de bombas y la prisión preventiva no dice que no pueda educarse en forma virtual. No se están vulnerando derechos”, expuso la representante del MPF quien mencionó que restan pericias para determinar la geolocalización. Al momento de dirigir unas palabras, la joven dijo: “Cambié el número hace 6 meses y el chip que sale a mi nombre le presté a un amigo (que asiste al mismo establecimiento). En el horario de 07:00 a 09:00 horas yo estaba durmiendo”. Finalmente, el juez que intervino hizo lugar al planteo de la Fiscalía y ordenó el comparendo de la encartada, en el plazo de dos horas, a la guardia de tribunales. Posteriormente, se procederá a su traslado al servicio penitenciario (Unidad N°4). En tanto, la defensa técnica hizo reserva de impugnar lo dispuesto.
Hecho investigado
El lunes 7 de agosto, siendo las 00:57 horas, la alumna de la Escuela Secundaria N°248 Juan Luis Nougués, ubicado en calle Larrea al 300 de San Miguel de Tucumán, con intenciones de causar temor público envió un mensaje de texto a través de la aplicación whatsapp del número de abonado, que es titular, al teléfono de una docente de dicho establecimiento. El mismo decía: “Hola buenas noches, usted es profesora de la institución Juan Luis Nougués, le recomendamos no llamar a los alumnos a clases por posibles bombas instaladas en las tres partes de la institución (Jardín, Inicial y Secundaria), desde ya muchas gracias”.
En horas de la mañana del mismo día, a las 09:00 horas, y del mismo abonado volvió a enviar un mensaje a la docente mencionada que rezaba: “La bomba derrumbará aproximadamente 1.000 metros cuadrados, dentro y fuera del establecimiento (Jardín, Inicial y Secundaria)”. Provocando de esa manera entre los miembros de la Escuela y de la población en general debiendo intervenir personal de Bomberos para la aplicación del protocolo del caso, evacuando el establecimiento escolar a la totalidad del alumnado y docente a fines del registro del lugar provocando asimismo tumulto y caos, mientras se aplicaba el protocolo.
Prisión preventiva para una mujer por una amenaza de bomba en el colegio Nacional
Este jueves 31 de agosto se realizó la audiencia correspondiente a la formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción.
El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos I, a cargo de Mariana Rivadeneira, quien fue representada por la auxiliar fiscal Mónica Torchán.
La Fiscalía efectuó cargos por el delito de intimidación pública y requirió la prisión preventiva por dos meses y la inhibición de bienes, planteos que fueron aceptados por la jueza actuante.
El hecho se produjo el 7 de agosto y se trató de una amenaza telefónica respecto a la existencia de una bomba en ese establecimiento educativo.
Según la investigación, la imputada -madre de alumnos de ese colegio- sería titular de la línea telefónica desde la que se hizo el llamado con la amenaza.
Investigan a los responsables del envío de correos intimidatorios al Colegio San Francisco
La Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Mariana Rivadeneira, continuó con las audiencias de formalización de cargos por amenazas de bombas que vienen sufriendo distintos establecimientos educativos de la provincia. La auxiliar de fiscal, Julieta Molé, por expresas instrucciones de la fiscal titular endilgó a una mujer, de 60 años, y a un hombre, de 46 años, el delito de intimidación pública en concurso real y en calidad de coautores, por un hecho ocurrido el 1 de agosto en perjuicio del Colegio San Francisco/Padre Roque Correa, establecimiento ubicado entre calles Maipú y Marcos Paz de San Miguel de Tucumán.
Luego de detallar el ilícito, la investigadora pidió que se imponga la prisión preventiva por dos meses. «Se dan los presupuestos materiales y la participación de los imputados. La conexión IP está asociada a los domicilios de los imputados (en Lomas de Tafí y en calle Bolívar). Al momento del hecho tenían conocimiento que esto afecta a la sociedad. Nadie desconoce lo que nos aqueja a nosotros y a nuestras familias. Han tenido difusión y hubo una campaña de prevención sobre las consecuencias penales, lo que significa un desinterés por el apego de las leyes. No se trató de una simple llamada sino que crearon correos electrónicos falsos para llevar a cabo este ilícito. No resulta menor que la institución educativa está ubicada en pleno centro”, expresó la Auxiliar de Fiscal, quien mencionó medidas pendientes (identificar las celdas de ubicación, la ampliación de los informes de Google y socioambiental en ambos domicilios a los fines de determinar los dispositivos que utilizaban).
Posteriormente, como medida cautelar de índole civil para la reparación del daño, Molé pidió la inhibición general de bienes librándose los oficios por la suma de $3.000.000 para cada uno. “Fundando en la razón prevista por la norma y en representación de los interés del Estado, teniendo en cuenta la naturaleza del bien jurídico protegido y la puesta en marcha de protocolos de actuación que generó gastos de magnitud a la Provincia”, esgrimió la representante del MPF. Finalmente, el juez actuante dispuso hacer lugar, parcialmente, al pedido de la Fiscalía por el término de 29 días, disponiendo el traslado de los acusados al servicio penitenciario de Villa Urquiza y de Banda del Río Salí, respectivamente.
La acusación
El martes 1 de agosto del corriente año, siendo las 11:06 horas, la acusada existiendo acuerdo de voluntades con el imputado y con intenciones de causar temor público, enviaron un correo electrónico a la casilla de correo del Colegio San Francisco, ubicado entre calles Marcos Paz y Maipú de San Miguel de Tucumán.
Para el envío del mail utilizaron una conexión a internet de la empresa cuya titular es la mujer (desde el IP asociado al domicilio ubicado en barrio Lomas de Tafí, Tafi Viejo). En el asunto de dicho correo indicó “Amenaza de bomba” y en el contenido “Hay explosivos en el edificio”. Asimismo y de manera conjunta y coordinada entre ambos previo acuerdo de voluntades, fue que ese día, siendo las 11:13 horas, con intenciones de causar temor público, enviaron un correo electrónico desde una casilla de correo al mail del Colegio San Francisco.
Para el envío del mismo utilizaron una conexión a internet de la empresa que es titular el imputado (desde el IP asociado al domicilio ubicado en calle Bolívar al 1500 de esta ciudad capital). En el asunto de dicho correo indicaron: «Código Negro» y en el contenido «evacuar lo más rápido posible, explosivos en la institución».
De esta manera provocaron temor entre los miembros de la Escuela y la población en general, debiendo a consecuencia intervenir personal policial y bomberos, quienes aplicaron protocolo para el caso, evacuando del establecimiento escolar a la totalidad de las personas que se encontraban en su interior, a fin del registro del lugar, consistiendo en 35 docentes y 560 alumnos de la Escuela Padre Roque Correa y 25 docentes, 519 alumnos y 6 miembros del personal administrativo del Colegio San Francisco. Asimismo, provocaron tumulto y caos en el tránsito, mientras se aplicaba dicho protocolo preventivo.
