El ejercicio del poder en la Argentina actual ha inaugurado una gramática de la crueldad que, bajo el paraguas del «déficit cero», parece haber extraviado la brújula de la alteridad. Desde una perspectiva analítica, el discurso del presidente Javier Milei no es simplemente una propuesta económica extrema; es una reconfiguración semántica donde los sujetos de derecho —jubilados, docentes, personas con discapacidad— son reducidos a variables de ajuste en una ecuación contable que se pretende sagrada.

El nihilismo de esta etapa no reside en la ausencia de valores, sino en la aniquilación de la sensibilidad social como política de Estado. Cuando el discurso oficial cataloga a la educación pública como un «lavadero de cerebros» o a la inversión en discapacidad como un foco de «fraude» sin matices, no solo se busca corregir irregularidades; se busca desmantelar el prestigio y el amparo que estas instituciones y colectivos representan para la cohesión nacional.
La deshumanización como estrategia retórica
La editorialización del conflicto social por parte del Ejecutivo nacional utiliza una técnica de otredad negativa. Para el relato oficial, el jubilado que reclama por sus medicamentos o el docente que exige un salario digno no son ciudadanos ejerciendo un derecho, sino «obstáculos» en el camino hacia una libertad abstracta.
Los jubilados: Han sido convertidos en el principal fusible del ajuste. El discurso oficial intenta justificar la licuación de sus ingresos bajo una lógica de «sacrificio necesario», ignorando que el tiempo biológico de un anciano no coincide con los tiempos macroeconómicos del equilibrio fiscal
Docentes y científicos: La crítica sistemática al sistema universitario y científico busca romper el contrato social que veía en la educación el motor de movilidad ascendente. Al desprestigiar al educador, se erosiona la autoridad del conocimiento frente al dogma de mercado.
Vulnerabilidad y discapacidad: La sospecha generalizada sobre las pensiones por invalidez y la asistencia alimentaria instala una narrativa de la duda. Si bien la transparencia es imperativa, el uso comunicacional de la irregularidad para justificar el recorte generalizado deja desamparados a quienes, por definición, no pueden esperar.
El silencio del Estado
Argentina atraviesa una transformación donde el Estado se declara prescindente de su función protectora. El término «nihilismo» encaja aquí con precisión: existe una negación de la responsabilidad colectiva. El mensaje es claro: cada individuo es responsable de su propio destino, incluso si ese individuo parte de una situación de desigualdad estructural, enfermedad o vejez.
Esta mirada técnica, desprovista de humanismo, corre el riesgo de generar una fractura social de difícil reparación. Una nación no es una empresa que se liquida para saldar deudas; es una comunidad que se sostiene en la mirada hacia el más débil. Cuando el discurso presidencial celebra el ajuste sobre los sectores que menos capacidad de defensa tienen, la Argentina se asoma a un vacío ético donde la libertad se convierte en el privilegio de los que pueden prescindir del otro.
La reconstrucción de lo público y lo común requerirá, tarde o temprano, recuperar un lenguaje que reconozca la vulnerabilidad no como un gasto, sino como una dimensión humana que el Estado tiene la obligación moral y legal de custodiar. Mientras tanto, la narrativa de la «motosierra» seguirá tallando una sociedad más eficiente en los papeles, pero profundamente más sola en sus calles.







