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La Cámara Argentina del Libro alerta sobre un anteproyecto que busca derogar el precio uniforme, el precio único del libro. Todo el sector editorial, desde pequeñas pymes hasta grandes multinacionales, se moviliza para defender una normativa que cumple 25 años.
Un consenso recorre la industria del libro argentina. La ley que garantiza el mismo precio para un título en cualquier punto del país enfrenta su mayor desafío. Editores, autores, libreros y distribuidores se alinean contra una desregulación que, advierten, podría desmantelar una red de 1.500 librerías y empobrecer el acceso a la cultura.
El viernes por la noche, cuando la mayoría de los argentinos cerraba la semana, el gobierno hizo llegar al Senado un anteproyecto de ley con múltiples desregulaciones. Entre ellas, una que encendió las alarmas en el ecosistema del libro: la derogación de la Ley 25.542, conocida como Ley de Defensa de la Actividad Librera. La norma, sancionada en 2001, establece que el mismo libro debe tener el mismo precio en todo el país, sin importar si se vende en una librería de barrio en Santiago del Estero, en una cadena de Buenos Aires o en una plataforma digital.
Desde Libertad de Expresión, el programa que se emite por Radio del Plata Tucumán 93.9 MHz y conduce Graciela Nuñez con la participación de Pablo Gerez, se dialogó con Juan Manuel Pampín, presidente de la Cámara Argentina del Libro (CAL), quien describió la situación con una preocupación contenida pero evidente. «Estamos algo preocupados por la cuestión libro, de regulación, competencia», admitió al inicio de la conversación.
«El libro que vos elijas, siempre que sea un libro nuevo, en una librería en Córdoba, en Santiago del Estero, en Corrientes, en Buenos Aires o en Santa Cruz, tiene que valer lo mismo.»
— Juan Manuel Pampín
La ley, explicó Pampín, nació por consenso del propio sector. «En un conjunto de editores, editoriales, de librerías, de distribuidores, incluso de autores, en aquel momento, nos pusimos de acuerdo, se hizo la solicitud al Congreso, y entendimos que lo mejor era esto», recordó. Lo que permite es un mercado más ordenado y una legislación de derechos de autor que funcione: el autor sabe que su libro vale siempre lo mismo, sin importar el canal de venta.
La CAL agrupa a 500 editoriales pequeñas y medianas de todo el país. Desde su perspectiva, el precio uniforme no elimina la competencia, sino que la reorienta: hacia la calidad del servicio, el asesoramiento, la amplitud del catálogo y la promoción de nuevos autores. «Nosotros no tenemos problema en que lo venda el supermercado, que lo venda quien lo tenga que vender. Por supuesto, idealmente queremos que se venda en una librería, pero el inconveniente no sería que lo venda el supermercado, sino simplemente que respete el precio», aclaró Pampín.
«Nos ponemos de acuerdo. En mi propia editorial hay un libro que vale 40.000 pesos, yo digo: lo quiero vender a 25.000. Lo puedo vender a 25.000, simplemente lo comunico a todo el canal, y todo el canal lo tiene que vender a 25.000 pesos, ni más ni menos que eso.»
— Juan Manuel Pampín
Lo extraordinario del caso es el consenso: las editoriales más chicas y los grandes grupos internacionales, las librerías más grandes y las más pequeñas, todos están de acuerdo. «Cosa extraña en este país, los dos extremos y en el centro también están de acuerdo», señaló Pampín con una punta de ironía. La experiencia internacional respalda la normativa: países con sólida tradición editorial como España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Japón y Corea del Sur mantienen sistemas similares.
Los datos concretos avalan el sistema: desde 2001 se triplicó la cantidad de novedades editoriales publicadas en el país, se duplicó la cantidad de editoriales, y Argentina cuenta con aproximadamente 1.500 librerías, una de las mayores densidades por habitante de la región. Además, el precio uniforme facilita el cálculo transparente de las regalías de los autores y contribuye a combatir la piratería, ya que el precio de referencia permite diferenciar las ediciones legales de las copias ilegales.
«Cuando el Estado ha salido a comprar un libro, esto es muy simple: se entra en la página que más te guste, en la página de tu barrio, de la librería de tu barrio, o en la página de la librería más grande, miran el precio, y todos saben que si compraron Platero y Yo, el libro vale 15 mil pesos. Nadie sabe cuánto paga un kilo de reja en una cárcel, un kilómetro de una autopista, pero sí cuánto paga un libro.»
— Juan Manuel Pampín
La preocupación central es que, sin la ley, grandes plataformas suprarregionales —como Amazon— podrían ingresar al mercado argentino con políticas agresivas de descuentos, desplazando a las librerías locales. «Como sucedió en Uruguay o como sucedió en Brasil, va a terminar rompiendo todo lo que es la cadena de comercialización y esa cosa tan vital que son las librerías en Argentina», advirtió Pampín.
La CAL ya está trabajando en conjunto con el resto de las instituciones del sector, pidiendo reuniones con senadores, diputados, secretarías y ministerios. «Vamos a intentar explicar nuestros motivos, y la idea es de nuevo intentar que esto no funcione», dijo Pampín. Además del precio único del libro, el anteproyecto incluye otras medidas que preocupan al sector cultural, como modificaciones a la Ley de Fomento del Libro y la Lectura y a la normativa de doblaje y subtitulado de películas.
«Nosotros queremos que los niños vayan a la plaza y no se suban al columpio, se suban a una hamaca, como se suben nuestros niños.»
— Juan Manuel Pampín
La figura, poética y precisa, resume la defensa de lo propio, de lo que funciona, de lo que construye identidad. «Podríamos estar hablando de otras cosas que tengan que ver con el avance de la industria, con las novedades, con el fomento de la lectura, cosas mucho más edificantes y positivas que estar tratando de ver cómo salvamos de que estén tratando de romper lo que está funcionando», reflexionó Pampín al cerrar la conversación.
Mientras tanto, el sector espera que los representantes legislativos escuchen el reclamo. Porque, como dice la gacetilla de la CAL, no se trata de proteger intereses sectoriales, sino de preservar una política pública que ha demostrado ser eficaz para fortalecer un ecosistema cultural del cual Argentina se enorgullece.
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