El vicegobernador Miguel Acevedo encabeza la sesión extraordinaria para tratar el decreto que interviene el municipio del sur tucumano.
La Legislatura de Tucumán, presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo, sesiona para tratar la ratificación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que dispuso la intervención del municipio de Juan Bautista Alberdi. La medida fue firmada por el gobernador Osvaldo Jaldo y cuenta con el respaldo de todos los ministros del Poder Ejecutivo. El decreto establece la intervención tanto del Departamento Ejecutivo como del Concejo Deliberante de esa ciudad del sur tucumano.
Un solo tema en agenda
Acevedo confirmó que el decreto ingresó el lunes a la Cámara y que ya dio instrucciones para convocar a una sesión extraordinaria. «No habrá labor parlamentaria, se tratará un único tema», explicó. Además, adelantó que mantendrá una reunión con legisladores de distintos bloques y aseguró que no habrá inconvenientes para aprobar la iniciativa. «Mientras tanto, el DNU está vigente y cuando sea ratificado se transformará en ley», añadió el vicegobernador.
Motivos de la intervención
El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió nuevamente a la intervención este miércoles, indicando que la medida responde a presuntas vinculaciones de funcionarios municipales con delitos relacionados al narcotráfico. “Hemos formado un equipo de trabajo para atender las funciones esenciales del municipio: limpieza, servicios y cuidado de la ciudad”, expresó. También anunció la gestión de recursos para mejorar la infraestructura local, incluyendo la red cloacal y la apertura del acceso principal a Alberdi, que llevaba años clausurado.
Jaldo justificó la decisión como una acción necesaria para resguardar a los ciudadanos ante el colapso institucional del municipio. “Nosotros queremos lo mejor para la gente de Alberdi. A veces hay que tomar medidas extremas cuando las instituciones locales están desbordadas. El Gobierno de la Provincia está a disposición para normalizar la situación”, concluyó el mandatario.
Según establece la Ley 5529, las elecciones municipales deberán convocarse dentro de los 180 días posteriores a la intervención.
