Un ocupante de un predio reclamado por la Universidad Nacional de Tucumán en Tapia renunció a la posesión de unas 440 hectáreas a cambio de que se le permita quedarse con 30 hectáreas y pueda finalizar un largo litigio que lleva más de dos décadas. La UNT afirma, no obstante, que el querellado, Carlos Antonio Torres, debe devolver las 470 hectáreas del terreno denominado Las Tipas, que ocupa desde hace años, ubicado dentro del área que corresponde al Parque Sierra de San Javier.
Cajas chinas
Se trata de tierras ubicadas a la altura del kilómetro 14/15 de la ruta provincial 341, que forman parte de la gran expropiación de 1.800 hectáreas que hizo la Nación en 1948 en el cerro San Javier para que la UNT erigiera allí la Ciudad Universitaria. El área abarcaba desde el límite con Villa Nougués al sur; Horco Molle y Tafí Viejo al este; La Sala al oeste y llegaba hasta Tapia al noroeste. En este último sector la UNT debió resolver en los últimos años un litigio con los herederos de Guillermina Inés Viaña de Colombres Garmendia. La UNT lo había adquirido con la expropiación de 1948 pero mediante boleto de compraventa; no se había escriturado y tras el fallecimiento de la señora de Colombres Garmendia en 2011 su familia no había abierto la sucesión. Al haber pasado tantos años desde la transacción, había discrepancias con respecto a la extensión de ese terreno -que quedó establecida después en 1.765 hectáreas- y con respecto a un supuesto saldo que faltaba abonar.
Finalmente se resolvió por vía judicial y la UNT inició el trámite de sucesión de los Colombres Garmendia y luego la escrituración del predio en litigio a nombre de la UNT, y a la vez se hizo la escritura de todo el parque Sierra de San Javier en diciembre de 2024, cuya extensión quedó establecida en 14.300 hectáreas.
Como las cajas chinas, dentro del área del litigio de los Colombres Garmendia se encontraban las 470 hectáreas ocupadas por Carlos Antonio Torres. Esta ocupación ya había tenido instancias de conflicto con la UNT desde 2003, cuando el guardaparques Esteban Terán descubrió que había dos viviendas construidas. En 2017 comenzó un proceso judicial. Torres arguyó que el predio era de su propiedad por prescripción adquisitiva.
En 2019 hubo otra instancia de conflicto, cuando los guardaparques descubrieron que alguien había abierto una picada de casi tres kilómetros para instalar unas mangueras para extraer líquido de un ojo de agua que se encuentra dentro del parque universitario, para proveer a un emprendimiento inmobiliario lindero. La UNT, con amparo de la Justicia, hizo remover esas mangueras y secuestrar todos los elementos utilizados. La UNT informó que con motivo de esta acción se reveló que la empresa Di Bacco había convenido con Torres la extracción de 400m3 de agua por día agua a cambio de dos o tres lotes de mil metros cuadrados cada uno en “un lujoso emprendimiento inmobiliario lindero conforme consta en convenio de Constitución de Acueducto suscripto en noviembre del año 2017 entre el Sr. Eduardo Di Bacco y Carlos Antonio Torres, que consta en el expediente del juicio de reivindicación n.5500/25 que se tramita ante el juzgado federal 1”. Además, según informó el abogado de la UNT, Máximo Castro, Torres había vendido 16 hectáreas a Marcelo Segundo Villarreal (ya fallecido).
Operativo
En el marco de este juicio de reivindicación el 18 de marzo pasado la Justicia, por orden del juez Guillermo Díaz Martínez, hizo un operativo en el predio ocupado por Torres para identificar a quienes residan allí y ordenar la suspensión de toda construcción de vivienda o edificación de cualquier tipo, tala de árboles y de toda especie vegetal, parquizado de terreno, desmonte y/o cualquier otra actividad o acción humana que deprede el sector.
El 31 de marzo, Torres, mediante su abogado, Patricio Frías Silva, dijo que tenían posesión del predio con producción agropecuaria y ganadera “desde tiempos inmemoriales”, antes de la constitución de la UNT en 1914, año en que nació su padre, Ramón Rosa Torres, e identificó siete viviendas a nombre de personas de su familia. Negó que haya habido daño ambiental y alegó que, al contrario, fue él quien protegió esas tierras, “a pesar de los múltiples intentos de presión surgidos a lo largo de los años”. También reclamó que la Universidad había dejado sin agua y sin acceso a servicios básicos a los ocupantes.
Luego afirmó, “respecto del predio mayor, que se extiende desde la banda del río Tapia hacia las cumbres de San Javier y el Taficillo, identificado con el padrón 81.967… que desde siempre ha sido utilizado para la cría de animales, incluyendo bueyes y ganado… el Sr. Carlos Torres pone en conocimiento de la Universidad y de V. S. (el juez) su expresa denuncia a la posesión del fundo mayor… esta renuncia implica que la familia Torres no hará valer la pretensión de prescripción adquisitiva respecto a esta fracción”. Añadió que “no nos oponemos a que la UNT sea reconocida como titular de dicho terreno. Sin embargo, es imperativo destacar que los conflictos y problemática actuales han sido generados exclusivamente por la negligencia e inacción de la UNT, que durante más de 70 años no realizó gestión alguna para regularizar la situación”. A pesar de ello, “y por una cuestión ambiental, consideramos que corresponde que el predio mayor sea reconocido para beneficio de la comunidad… y por nuestra parte seguiremos cuidando que no se acerquen corruptos a tratar de hacer emprendimientos en este predio como terceros desconocidos que lo intentaron en más de una oportunidad”.
Dijo que esta renuncia al predio mayor “de ninguna manera afecta o pone en discusión la legítima posesión e ininterrumpida propiedad de las 30 hectáreas que habito junto a mi familia, sobre las cuales ejerzo derechos incuestionables”. Afirmó que esta renuncia “tiene por finalidad estratégica restar protagonismo al enfoque ambientalista tergiversado que, de forma maliciosa y con evidente intencionalidad mediática, pretende instalar la UNT”. Dijo que nunca quedó acreditado supuesto daño ambiental por parte de la familia Torres.
“Hombres de paja”
El abogado de la UNT, en presentación del 30 de abril, afirmó que el informe de Torres sobre las personas que son propietarias de viviendas en el predio no está correctamente acreditado, puesto que cinco de esas personas son menores de 20 años e incluso una de ellas sería un niño de 12 años. Agrega que hasta 2015 había sólo dos viviendas modestas y que desde ese año se construyeron las otras cinco, de material, que difícilmente podrían haber sido erigidas por personas menores de edad, lo cual “me lleva a la inexorable conclusión de que estamos en presencia de hombres de paja, detrás de quienes se esconden los verdaderos artífices de esta oscura maniobra que tiene como finalidad un gran negocio inmobiliario a costa de bienes de dominio público universitario. Torres coloca a sus propios hijos y familiares de muy corta edad como mascarón de proa ante la justicia”. Añadió que hay otras dos viviendas en construcción.
Concluyó que “Torres manifiesta que su defensa sólo se limitará a 30 hectáreas, las cuales no identifica de ninguna manera, pero que seguramente se tratan de las más aptas y rentables para su negocio inmobiliario”.
