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Milei acelera reformas económicas vía la una agenda legislativa argentina con acciones a marcha forzada de seis proyectos que transforman el Estado, la soberanía y la vida cotidiana mientras la mayoría apenas puede procesar los cambios.
El Ejecutivo envió al Congreso un paquete legislativo que promete «ordenar» la economía pero que, leído con atención, revela una radiografía del país que viene: menos regulaciones para los poderosos, más cuentas para pagar para el resto. Una agenda que corre a toda velocidad mientras el país apenas camina.
Mis queridos helechitos, les comento que este jueves me zamarrea con varias cosas y siempre con restos de mis miércoles que, de un tiempo a esta parte, son una borágine… sí, con «b» grande, porque con «v» chica no alcanza para explicar lo que son esos días. Pero este jueves de cadena nacional para anunciar «naderías» —este uso de la cadena nacional me hace acordar a alguien, pero no recuerdo… Les aseguro que trato, pero como buen argento, no puedo acordarme de quién usaba la cadena nacional para cualquier nadería que se le ocurría (muy al este es al oeste, no?)—, como por ejemplo anunciar una nueva reforma a la carta orgánica del Banco Central de la Argentina (y van…).
En fin, este jueves viene bien para hacer un repaso de un calendario: el del gobierno. Porque el gobierno tiene su propio calendario —¡ojo, eh!, ese que va, no importa a quién se lleva puesto; va y ¡va!— y nos presenta una lista de urgencias que parece sacada de un manual de economía escrito en algún lugar entre el delirio y la genialidad. La pregunta es: ¿genialidad para quién? Mientras el país apenas puede caminar, la agenda del Ejecutivo corre a toda velocidad.
Me pongo a leer los proyectos uno por uno, como quien lee las cartas de un tarot burocrático. Cada uno trae su promesa y su amenaza, su luz y su sombra. De eso va este texto, mis pacientes helechitos: de un repaso por el calendario, las urgencias y las velocidades; la del gobierno, la de los interesados en las dichosas leyes y la del país —o los habitantes del país—, todas velocidades diferentes marcadas por necesidades y urgencias distintas. Espero me acompañen en este recorrido que creo viene bien para no perder de vista las intenciones y los deseos que mueven a cada uno de los implicados.
«Cada proyecto es una carta del tarot burocrático: trae su promesa y su amenaza, su luz y su sombra.»
El primero se llama Ley de Inocencia Fiscal II. El nombre ya es una obra de arte del eufemismo: «inocencia fiscal». Como si los evasores fueran niños que se portaron mal y merecen una segunda oportunidad. El proyecto, que ya fue enviado formalmente a la Cámara de Diputados, modifica el régimen del Impuesto a las Ganancias: elimina topes patrimoniales, agiliza devoluciones y permite corregir declaraciones juradas de forma ilimitada hasta quince días después de una fiscalización. Traducción libre: si tenés dólares bajo el colchón, este es tu momento. La oposición lo llama «perdón fiscal para los ricos». El gobierno dice que es «traer capitales a la economía formal». Borges escribiría que es «la memoria selectiva del fisco».
Llega el segundo acto: el Súper RIGI. Si el RIGI normal ya era generoso con quienes invierten más de doscientos millones de dólares, esta «súper» versión es para los que superan los mil millones en sectores tecnológicos o «nuevas industrias». Les ofrece una rebaja del Impuesto a las Ganancias al quince por ciento —cuando el régimen general está en veinticinco—, exención total de aranceles y libre disponibilidad de divisas. El Senado lo tratará el cinco de agosto. Los críticos dicen que es un regalo a las megacorporaciones extranjeras. El gobierno responde que es «atraer inversiones». Yo me pregunto: ¿inversiones o extracciones? Porque cuando leo «libre disponibilidad de divisas»… me corre un frío por la espalda.
«Cuando leo ‘libre disponibilidad de divisas’, pienso en las venas abiertas que nunca terminan de cerrarse.»
Y hablando de frío, el tercer proyecto es más frío que el invierno en Río Grande: la Limitación de Zona Fría. Forma parte de la propuesta presupuestaria y, aunque el Senado aprobó un rechazo general en junio, el oficialismo mantiene congelado el debate. Mientras tanto, en Mendoza y otras provincias del centro y sur, la gente siente que las facturas de gas se les van de las manos. La reforma aplica la rebaja del subsidio únicamente sobre un tope fijo del consumo —la molécula de gas— y excluye los costos de distribución y transporte. En criollo: las facturas podrían duplicarse o triplicarse en pleno invierno. El gobierno dice que hay que «focalizar subsidios». Las asociaciones de consumidores dicen que «no hay que congelar gente».
El cuarto es el más territorial: la Ley de Tierras, o más precisamente, la derogación de la Ley 26.737 de 2011, que limitaba al quince por ciento la titularidad de tierras rurales a manos extranjeras. El oficialismo busca tratarla en el Senado el seis de agosto, en medio de un «poroteo» de votos muy ajustado. La oposición bonaerense presentó un proyecto provincial para blindar su territorio. Se convocó a una marcha federal al Congreso para el mismo día. Los críticos dicen que es «vender soberanía». El gobierno dice que es «atraer inversiones al campo». Yo pienso en la Patagonia, en los glaciares, en los lagos de agua dulce, y me pregunto si hay precio para todo o si hay cosas que simplemente no deberían tener precio… ¿Me siguen el razonamiento? ¿O ya dejé de razonar y estoy soñando?
«Me pregunto si hay precio para todo o si hay cosas que simplemente no deberían tener precio.»
El quinto proyecto es el más político: la Suspensión de las PASO. El gobierno acelera negociaciones con catorce gobernadores aliados para intentar un acuerdo, aunque admite que el proyecto sigue «verde» normativamente y pospuso el debate de agosto a septiembre. La iniciativa impulsa eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias con el argumento de ahorrar «gastos millonarios e innecesarios». El peronismo, bloques de izquierda y un sector del PRO rechazan la quita. Sostienen que la verdadera intención es «enquilombarle la vida» a una oposición fragmentada, impidiendo que utilicen las primarias para dirimir internas y unificar candidatos. El gobierno niega la jugada política. La oposición la denuncia. Y en el medio, siempre en el medio, los votantes nos preguntamos cuántas veces vamos a votar en este 2027.
El sexto y último es el más cultural: la Ley del Libro, o más exactamente, la derogación de la Ley 25.542 de precio único del libro. El Ministerio de Desregulación trabaja en un anteproyecto para incluirlo en su paquete de desregulaciones económicas. Busca liberar el mercado argumentando que «fomentará la competencia y bajará los costos». Todo el sector cultural —cámaras de libreros, escritores, editoriales independientes y bibliotecas populares— cerró filas en contra. Hago un alto: cuando digo que «todos», son todos; no hay nadie dentro de la industria editorial que quiera que eliminen la ley. Cosa que nos cuesta a los argentinos: ponernos de acuerdo. Y por fin, todos los involucrados —hasta las ligas de consumidores— están de acuerdo, pero el gobierno quiere romper algo que está funcionando, deja a todos contentos y nadie quiere que se rompa… En fin. Advierten que las grandes plataformas comerciales realizarán dumping, vendiendo saldos a precios imposibles de competir para un comercio independiente, arrasando con la bibliodiversidad y la identidad cultural. El gobierno dice «libertad de mercado». Los libreros dicen «muerte de la cultura».
«El gobierno dice ‘libertad de mercado’. Los libreros dicen ‘muerte de la cultura’. Borges probablemente se revolvería en su tumba.»
Así, mis estimados helechitos. Seis proyectos. Seis formas de entender el país. Seis batallas que se libran en el Congreso mientras nosotros tomamos mate y miramos para otro lado, esperando que alguien más resuelva el rompecabezas. Pero el rompecabezas no se resuelve solo. Y las piezas no están en el suelo: están en nuestras manos. El problema es que algunos tienen más manos que otros. Y más piezas. Y más poder para armar el dibujo que quieren.
Ahora, en toda esta lista no hay propuestas de resolución para ningún problema concreto, ni hablar de la tasa de mora, que sigue en aumento con el endeudamiento familiar como punta de lanza, ni hablar de la baja del consumo que no repunta ni parece que vaya a hacerlo. Ni el problema de empleo la precarización y la nueva «pluriocupación». Ni de ingresos ni de nada de esas cosas. Solo seis proyectos que, leídos en conjunto, dibujan un país donde los que tienen más, tendrán más todavía; y los que tienen menos, tendrán que pagar más. La agenda corre. El país apenas camina. La pregunta es: ¿nos estamos quedando atrás o nos están dejando atrás?
