Una medida para tratar de reanimar el crédito hipotecario, cierta flexibilidad para préstamos en dólares, la difusión del impulso a una base salarial mínima en los convenios colectivos más deteriorados. Todo realmente módico, aunque significativo como síntoma de preocupación por la marcha de la economía y como exposición de fisuras en el discurso libertario. Esa combinación va en paralelo, aunque asome paradójico, con la cerrazón de Javier Milei, expresada en una escalada de descalificaciones, cargadas de insultos, frente a cualquier dato o análisis que vaya en sentido contrario a su opinión. Anuncios y reacciones tienen el mismo denominador: la tensión entre necesidades económicas y políticas en tiempo electoral.
Milei se muestra activo y no deja mucho margen para contradecirlo en el interior del oficialismo. Expone dureza hacia afuera en cada cuestión incómoda, como ocurre en estas horas con el rechazo a cualquier medida que contemple la situación de morosidad y endeudamiento familiar. Existe una movida opositora en el Congreso, que LLA intenta bloquear, pero la cuestión es el crecimiento de ese tema en la agenda pública. Para rechazar cualquier salida que suponga intervención estatal, el oficialismo apela a etiquetarla como “populista”. La misma fórmula es aplicada como advertencia a quienes sugieren internamente algo de flexibilización económica o, al menos, de “empatía” frente a problemas sociales.
El mensaje, en ese punto, tiene la misma lógica de la apuesta a la polarización electoral extrema. En la visión del Gobierno, el “populismo” sería adjudicable sólo o principalmente al peronismo/K, como si se tratara de una cuestión de mirada económica y no, básicamente, de posición en materia política, algo que podría encontrar puntos de convergencia del mileismo con el “enemigo”, en este caso el kirchnerismo. Resulta especialmente llamativa la descarga en continuado sobre buena parte del periodismo.
El último capítulo lo produjo el Presidente en su visita a la escuela ORT, donde habló frente a alumnos de los últimos años de la secundaria. La exposición, bajo el título “Etica como política de Estado”, derivó en frases ácidas e intolerantes. Fue, de algún modo, la coronación de dos semanas de creciente cantidad de mensajes en redes sociales -se cuentan por centenares- dedicados a descalificar periodistas. El dato ya visible es que no se trata de hechos marginales, ni siquiera de rachas, sino de una actividad sistemática de Olivos y, por supuesto, de su círculo, terreno también de las disputas internas.
Parte de esa “comunicación” apunta a tratar de instalar el siguiente concepto: no importan los “modales” o las “formas”, sino la decisión de Milei de enfrentar al periodismo, englobado como corrupto, “ensobrado”, “basura” y cantidad de términos soeces. Es una manera de presentarlo casi como una originalidad, un ejemplo casi único de Presidente decidido a dar semejante batalla. Es algo que además esconde las proporciones de poder: el jefe del Estado contra periodistas apuntados individualmente, con nombre y apellido.
Es llamativo: la intención de montar esa especie de “épica” revulsiva ocupó un lugar central entre los objetivos del kirchnerismo: discursos repetidos de Cristina Fernández de Kirchner, campañas en las calles, intentos de ley. Lo que hoy el batallón violeta alimenta en redes sociales reedita aquella convocatoria K a escupir carteles con fotos de periodistas. Lo que es común ahora en canales mileistas tiene antepasados en la TV pública de la era de CFK. El eco es significativo, además de peligroso. Por lo demás, la percepción colectiva de la realidad es un fenómeno más complejo.
Y en ese último plano se anotan algunas de los anuncios referidos, al menos como ensayo. Los resultados podrán ser vistos con el correr del tiempo. Por lo pronto, está claro -incluso en medios oficialistas- que pesa más la señal pretendida que el efecto práctico. Dicho de otra forma: el anuncio de Luis Caputo sobre el impulso a créditos hipotecarios es destacado como gesto político hacia una franja de la sociedad, antes que por su alcance, limitado. En el mejor de los casos podría motorizar unas 18 mil “soluciones habitacionales”.
El movimiento es difícil de explicar en términos ideológicos cerrados. El Gobierno intervino utilizando fondos de la ANSeS. Por supuesto, junto a cuestionamientos puntuales, corrieron chicanas por la utilización de la idea de “justicia social” que expuso el ministro. Se trata de un concepto anatematizado por Milei, que lo rechazó con calificaciones como “aberración”, “robo”, “engaño”. En rigor, de momento no parece haber sido un problema. En cambio, generó cierto malestar en Olivos la utilización del verbo “reactivar” para hablar del efecto que tendrían las últimas medidas en la economía.
Igual o más fuerte resultó la difusión del impulso del Gobierno a una negociación de los convenios colectivos -los de base más baja- que incluya un piso salarial garantizado de 1.070.000 pesos, a partir de agosto. En el bolsillo, una vez hechos los descuentos de rigor, serían unos 860.000 pesos. El panorama de las paritarias es muy amplio y la cifra, si cierran las negociaciones, alcanzaría a gremios rezagados.
Lo dicho: puede entenderse como una señal de reconocimiento, parcial, de la realidad más amplia del deterioro de ingresos. Más cuesta arriba se la haría al oficialismo argumentar la intervención directa en temas de empresarios y sindicatos. Desde las veredas gremiales, señalaron que la base salarial que sería garantizada puede ser comparada con la Canasta Básica Total, utilizada para trazar la línea de pobreza, que en julio anotó 506.381 pesos para una persona adulta. Esa canasta no incluye gastos de alquiler. Por supuesto, el tema queda para las negociaciones de cada gremio. No se trata del salario mínimo, vital y móvil, cuya discusión acaba de registrar un nuevo fracaso y cruce entre las centrales sindicales y el Gobierno.
Desde hace rato, los salarios vienen registrando datos desparejos, según la actividad y la formalidad o informalidad, pero en líneas generales no exponen recuperación. Es visible en informes del INDEC y en cifras de la Secretaría de Trabajo, que suelen ser tomadas más en cuenta por el Gobierno.
Según la secretaría referida, el salario promedio registrado, privado, cayó 0,9% en junio, después de la baja de 2,9% en mayo. El INDEC indica que en el primer semestre de este año, el sector registrado privado (14,5%) y tanto el público nacional (13,7%) como el público provincial (16,4%) perdieron frente al acumulado de la inflación en el mismo período (16,8%). Queda, para la discusión, la evolución de ingresos en la amplia franja de la informalidad.
Pero no es sólo una cuestión de estadísticas, en la que a veces se enredan funcionarios, como acaba de ocurrir con las cifras sobre niveles de empleo. El punto, para el oficialismo, es si la sobrecarga de mensajes descalificantes de Milei alcanza para imponer su juego político. Es, sin dudas, complicado: el discurso escala en dureza y al mismo tiempo, exhibe fisuras y un tan preocupante como agotador eco del pasado.
