El Gobierno tiene hasta mañana a las 9.30 horas para acatar el fallo judicial que confirma la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. Allí creen que habrá un escenario adverso cuando acudan a la última instancia judicial posible, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es por eso que en la Casa Rosada ya azuzan el mensaje de que “volverá el déficit”.
Y es que desde el Poder Ejecutivo estiman que el regimiento de la legislación sancionada el año pasado ”tendrá un costo” de 2,5 billones de pesos. Es decir, $2.500.000 millones. El oficialismo logró que se rechazara una iniciativa similar impulsada por la oposición en 2024, pero no pudo hacer lo mismo al año siguiente: los bloques que no responden al Gobierno y otros dialoguistas sancionaron la ley y lograron voltear el posterior veto hecho por el Presidente. Luego judicializaron la medida, que fue rechazada en primera y segunda instancia.
Sin mucha esperanza, el Gobierno apelará a una última instancia: un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Hay una discusión sobre los tecnicismos del pago entre diversos de los actores involucrados.
En la Casa Rosada ya se están preparando para empezar a pagar de manera dosificada ese monto. “Se estima en 2.5 billones el costo que tendrá que afrontar el Poder Ejecutivo a partir del viernes tras un nuevo revés judicial”, afirmó una fuente inobjetable.
Esto esgrime una fuente de altísimo rango en el Gobierno: “La Corte te tiene que conceder el efecto suspensivo y eso no ocurrió todavía, es altamente improbable que nos lo concedan». Uno de los principales responsables del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que engloba a los rectores de las universidades nacionales, afirmó ante Infobae que si no se otorga ese efecto suspensivo mañana, el Ejecutivo deberá comenzar a pagar. En otra importantísima casa de estudios marcan lo contrario.
“Estaría bueno que desde mañana se llame a paritarias para que los salarios vayan de acuerdo con la inflación”, afirmó esta fuente, para agregar que lo primero que podría incrementar Nación es el monto destinado a las becas universitarias.
El esquema definitivo sobre el pago debería ser el siguiente, según altísimas fuentes judiciales consultadas por Infobae: “La apelación no va a tener efectos suspensivos, pero lo pueden pedir en el extraordinario porque hay antecedentes de eso”.
“Si rechazan el extraordinario y vienen en queja, la suspensión la tienen que pedir, obviamente, en el recurso de hecho”, agregan.
Y sostienen: ”La interposición no tiene efectos suspensivo. Pero al concederlo la cámara se lo puede dar. Hay tres casos puntuales donde la Corte dijo que la apelación por REF tiene efectos suspensivos: “César Arias”, “Brigadier Estanislao López” y “AEDBA”. Si no le da los efectos o le deniegan el recurso extraordinario vendrán en queja y ahí piden la suspensión de los efectos“.
En ese ínterin entre la presentación y la resolución del recurso por la cámara, habrá un limbo procesal que los obliga a cumplir la cautelar. Por eso desde mañana ya debe comenzar a haber una transferencia de fondos.
No hay ningún actor que considere que el máximo tribunal vaya a realizar un fallo que beneficie al Gobierno; en el sentido de no tener que pagar los montos fijados en la Ley de Financiamiento Universitario.
La nueva iniciativa libertaria propone una recomposición salarial limitada: tres aumentos del 4,1% cada uno, comenzando en marzo de 2026, y solo reconoce la pérdida salarial correspondiente a 2025, omitiendo lo perdido entre 2023 y 2024.
El informe del Centro de Investigación de Economía Nacional y Feduba sostiene que el proyecto oficialista “reduce la obligación de adicionar más de $2,7 billones al presupuesto 2026 a tan solo $187.744 millones”, con una diferencia de $2,5 billones que dejarían de percibir los trabajadores de la universidad pública.
Respecto a las paritarias, el proyecto mantiene la convocatoria trimestral pero elimina el requisito de ajuste mensual de haberes según la inflación del INDEC. Además, el nuevo texto limita la actualización de gastos de funcionamiento solo a casos en que la inflación anual supere el 14,3%.
La ley vigente obligaba al Poder Ejecutivo a actualizar bimestralmente las partidas para el sistema de salud universitario, la ciencia y extensión universitarias desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, siguiendo el índice de precios al consumidor. El nuevo proyecto oficialista reemplaza esa obligación por un aumento fijo de $80 mil millones para el sistema de salud universitario y elimina la actualización periódica.
Según el mismo medio, la modificación más relevante es la eliminación de la recomposición presupuestaria por inflación del año 2024. Lo perdido por el sistema universitario durante ese período no se recuperaría en el nuevo esquema.
Desde la transferencia de las competencias educativas a las provincias realizada décadas atrás, Nación solo tiene potestad en el financiamiento de la educación universitaria. En el marco de la política de recorte del gasto público encabezado por el presidente Javier Milei, los rectores de las Universidades Nacionales, asociaciones estudiantiles y los sindicatos docentes y no docentes han estado reclamando mayores partidas desde principios de 2024.
Un comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) publicado el viernes pasado marca que las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026. La gran mayoría del presupuesto que se destina para las casas de estudio corresponde para el pago de personal.
Los salarios universitarios acumulan un incremento del 158% desde la asunción de Milei, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280%. “Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%. Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el período considerado, tomando como base el salario de noviembre de 2023”, informan.
Pese a que la normativa ya se sancionó el año pasado y fue ratificada en primera instancia y en la Cámara Contencioso Administrativo Federal; el Gobierno siguió sin aplicar los fondos presupuestarios correspondientes. Por esa demora, diferentes instituciones del ámbito universitario planeaban una movilización nacional para pedir que el Gobierno activara los fondos para las casas de estudio. El responsable del gobierno en esta materia es el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Según supo Infobae, varios funcionarios consideraron insuficiente su rol para confrontar con las agrupaciones universitarias.
