La Justicia de San Juan respaldó la continuidad del proyecto minero Vicuña, desactivando el intento de bloqueo impulsado por la provincia de La Rioja y despejando el camino para una inversión estimada en 18.000 millones de dólares en los próximos diez años. La decisión judicial ratificó que no existen impedimentos legales para el desarrollo del yacimiento, considerado uno de los emprendimientos mineros más ambiciosos de la Argentina y clave para el posicionamiento del país entre los principales productores mundiales de cobre, oro y plata.
La sentencia judicial de San Juan marcó un punto de inflexión en el conflicto. El fallo habilitó la continuidad operativa del proyecto Vicuña y desestimó cualquier obstáculo legal a su desarrollo. Se informó que la resolución ordena el conflicto dentro del marco normativo vigente y confirma que la iniciativa no se encuentra frenada ni en riesgo de paralización. De este modo, el emprendimiento quedó institucionalmente encauzado.
El proyecto Vicuña, impulsado por la alianza entre BHP y Lundin Mining, contempla la exploración y desarrollo de cobre a gran escala. El plan prevé una inversión de 18.000 millones de dólares en una década, con la obtención del primer concentrado de cobre estimada para 2030. El emprendimiento comprende los proyectos Josemaría y Filo del Sol, situados en un distrito minero de alta proyección internacional.
La importancia estratégica del yacimiento ha sido subrayada tanto por el sector privado como por autoridades nacionales y provinciales. Se estima que el desarrollo de Vicuña posicionaría a la Argentina entre los cinco principales productores globales de cobre, oro y plata. El expediente oficial detalla actividades de perforación, extracción de agua, detonaciones y transporte de cargas pesadas, bajo la supervisión de organismos ambientales de ambas provincias.
El gobernador Orrego reafirmó la postura de San Juan frente al reclamo riojano: “Los recursos que están en el subsuelo sanjuanino son de los sanjuaninos y los vamos a defender con la ley en la mano, siempre. Tenemos respeto por La Rioja y creemos en el diálogo institucional, pero no en debates sin sustento jurídico. La ley es la ley”.
El conflicto entre San Juan y La Rioja emergió cuando la jueza riojana María Greta Decker ordenó la suspensión parcial de las actividades y bloqueó el tránsito de maquinaria por el corredor Guandacol–Santa Elena–Zapallar–Las Cuevas–La Ciénaga. Esta medida, impulsada por la Fiscalía de Estado de La Rioja, exigía la presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental ante las autoridades provinciales antes de reanudar las operaciones. El yacimiento, situado a poco más de un kilómetro del límite interprovincial y a 4.000 metros de altitud, depende de rutas que atraviesan suelo riojano para garantizar el abastecimiento logístico.
La disputa escaló rápidamente al plano nacional, con cruces públicos entre los gobernadores Marcelo Orrego de San Juan y Ricardo Quintela de La Rioja. Quintela reclamó la revisión de los límites definidos en 1968 y solicitó la intervención del Senado. Orrego, en respuesta, defendió la legitimidad de la jurisdicción sanjuanina y sostuvo: “Como ya dije, quiero ser claro: la jurisdicción de San Juan es legal y está respaldada por la Ley 18.004 y la Constitución Nacional. No es un acuerdo entre funcionarios, es una ley vigente desde hace más de 50 años”.
En paralelo al fallo judicial, el Congreso de la Nación comenzó a debatir iniciativas para fortalecer el marco normativo del sector minero. Los diputados nacionales Picón y Jaime impulsaron proyectos legislativos orientados a brindar mayor previsibilidad jurídica, evitar disputas interjurisdiccionales y consolidar reglas claras para inversiones estratégicas. El objetivo es blindar proyectos de gran escala como Vicuña y garantizar un entorno estable para el desarrollo minero.
Así, el proyecto Vicuña no solo obtuvo aval judicial, sino también buscará contar con respaldo político e institucional a nivel nacional.
