El Congreso argentino discute un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone modificar la regulación sobre la propiedad privada y la tenencia de tierras rurales. El debate pone en el centro la posibilidad de que las provincias definan los límites para la compra de tierras por extranjeros, eliminando la restricción nacional del 15%. La discusión incluye aspectos sobre expropiaciones, desalojos, soberanía y el control de recursos estratégicos, en un contexto de falta de consenso político y con cambios en el dictamen de mayoría.
El proyecto de ley, conocido como Inviolabilidad de la Propiedad Privada, avanza en la Cámara de Senadores y busca reformar varias normas vigentes en la Argentina. El texto firmado en el Congreso todavía no cuenta con los votos necesarios para su aprobación. La iniciativa propone transferir a las provincias la facultad de regular la venta de tierras rurales a extranjeros, eliminando el límite nacional que establecía un máximo del 15% del territorio.
Uno de los puntos centrales del debate es la posible pérdida de control nacional sobre territorios y recursos estratégicos. La transferencia de la regulación a las provincias plantea interrogantes sobre la capacidad para restringir la extranjerización en áreas sensibles.
Juan Martín Paleo, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, advirtió en Infobae en Vivo: “La soberanía hoy no está en juego solo cuando se define quién tiene potestad o dominio sobre ese territorio, sino sobre los recursos críticos o estratégicos de ese territorio”. Paleo consideró que el título del proyecto busca “enmascarar detrás de un título algo más de fondo, que es justamente la modificación de la ley de extranjería”.
El militar también señaló que “hoy el dominio de las capacidades y las posibilidades de lo que está dentro del territorio es soberanía, es una forma de ejercer la soberanía”. Destacó la importancia de mantener el control estatal sobre activos estratégicos y alertó: “Los países modernos consideran que la soberanía se empieza a proteger desde medidas como estas”.
Comparación internacional y argumentos en el Congreso
Al mismo tiempo, Paleo expuso ejemplos de otros países. Mencionó que Brasil limita la adquisición de tierras por extranjeros y requiere aprobación de la Abogacía General de la Unión. Canadá impone restricciones a inversionistas extranjeros y controles provinciales estrictos. Estados Unidos prohíbe la extranjerización en territorios de frontera y está evaluando ampliar esas restricciones. También citó a Australia, Nueva Zelanda, China y México, que cuentan con regulaciones especiales sobre la propiedad de tierras y activos estratégicos.
La propuesta de transferir la regulación a las provincias generó desacuerdos. Paleo expresó: “Que tengan el poder de decisión absoluto para mí no es correcto. Primero, porque somos una nación”. Consideró que debe existir un acuerdo parlamentario para definir qué recursos son estratégicos y requieren protección nacional.
El debate incluyó la necesidad de una ley de protección de activos estratégicos. Paleo afirmó: “Lo que creo que debería haber discutirse previamente es una ley de protección de activos estratégicos. Así lo enumero, como tiene la mayoría de los países”.
Contexto político y geopolítico
El proyecto se discute en un contexto de falta de una directiva de Defensa Nacional actualizada. Paleo indicó que el gobierno no ha emitido ese documento, que orienta a las fuerzas armadas sobre los puntos estratégicos a defender. La directiva vigente data de 2021, firmada durante la gestión anterior.
El Congreso cuenta con dictámenes de mayoría y minoría, y el texto sigue en debate con modificaciones. El gobierno sostiene que la flexibilización de la normativa busca atraer inversiones y aumentar el ingreso de dólares al país. La discusión parlamentaria se produce en un escenario de tensión por la relación entre federalismo y control nacional de los recursos, así como por los antecedentes de cesión de soberanía en otras áreas.
La definición sobre el control de tierras rurales y recursos estratégicos sigue abierta, con posiciones encontradas sobre el alcance que debe tener la regulación y el rol del Estado frente a la inversión extranjera.
Cambios en la regulación de tierras rurales
El dictamen de mayoría elimina el límite nacional para la compra de tierras rurales por extranjeros. Cada provincia tendrá la potestad de fijar restricciones o no imponer ninguna. La medida también elimina el tope de mil hectáreas en la zona núcleo, lo que permitía evitar grandes concentraciones de territorio en áreas productivas.
La regulación actual establece que una persona extranjera, sea particular o Estado, puede adquirir hasta un 15% de tierras rurales del territorio nacional. Ese límite desaparece y pasa a depender de la decisión de cada provincia. Las jurisdicciones podrán autorizar, regular o vetar la compra de tierras por extranjeros según sus propios criterios.
Las limitaciones que existen para la compra de tierras por parte de Estados extranjeros también quedarán eliminadas. La discusión se centra en la posibilidad de que recursos hídricos estratégicos y áreas de frontera queden en manos extranjeras si las provincias no establecen restricciones.
Nuevos requisitos para expropiaciones y desalojos
El proyecto de ley modifica el régimen de expropiaciones y endurece los requisitos para que el Estado pueda avanzar sobre la propiedad privada. La declaración de utilidad pública deberá ser específica, necesaria y proporcional. Además, la indemnización tendrá que pagarse antes de la toma de posesión.
La iniciativa incorpora el concepto de lucro cesante. Los propietarios podrían reclamar no solo el valor actual del bien sino también la ganancia que podrían obtener en el futuro por su explotación. La resolución de estos reclamos podría judicializarse, según lo explicado en el debate legislativo.
Respecto a los desalojos, el Senado amplía el plazo de intimación por falta de pago de tres a diez días. El proyecto establece salvedades para garantizar que no habrá desalojos masivos, especialmente en barrios populares. La protección vigente suspende los desalojos hasta octubre de 2032, plazo durante el cual debería resolverse la regularización de la propiedad y el territorio.
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