A minutos de iniciarse la sesión de esta tarde en el Senado, oficialismo y dialoguistas acordaron devolver a comisión un acuerdo con dos holdouts por u$s 171 millones y volverá a foja cero. Tendrá que dictaminarse de nuevo, votarse y girarse rápido a Diputados, ya que el plazo inicial de finales de abril fue corrido para el último día de mayo.
La confirmación de la decisión vino vía el legislador libertario y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala (San Luis), ante la señal de televisión oficial del Senado. Según pudo saber Infobae, se debe a una reciente adenda que llegó desde el Ejecutivo. Es decir, no se puede votar algo que no contemple el nuevo documento.
Una vez iniciado el encuentro en el recinto, validó todo el oficialista y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda el Cuerpo, Agustín Monteverde (Ciudad de Buenos Aires).
El convenio estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el texto, el Estado argentino cancelará los pasivos litigiosos con un pago de u$s 67, al primero; y u$s104, al segundo.
Lo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. E incluye una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.
Otro ítem destacado en el documento que envió la Casa Rosada al Congreso -con las firmas de Javier Milei; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni– es que un avance derivará en la “finalización de la investigación en curso sobre los bienes” del país”. Es decir, los procesos de “Discovery” relacionados con finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos de la Argentina.
Durante el encuentro de esta tarde, que comenzó con el quorum entre oficialistas y aliados -el kirchnerismo ingresó después-se convertirá en ley un proyecto que fue aprobado por Diputados en 2024 e introduce cambios en la regularización de armas de fuego -agilizar procedimiento-, por un lado, y que prorroga el sistema de entrega voluntaria -administraciones de distinto color político lo han hecho- hasta el 31 de diciembre de 2027.
Semanas atrás, cuando se firmó el despacho de la iniciativa en un plenario de comisiones, expuso el director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), Juan Pablo Allan. “La burocracia y la ‘papelización’ del registro alejó y puso barreras para el legítimo usuario para la registración y la normalidad. Y, para nosotros, es una persona responsable y ajustada a derecho”, señaló.
El funcionario comentó que se aumentó en un 20% la cantidad de objetos registrados en dos años, que pasaron de 300.000 a 360.000, aunque se estima un total de 600.000 en manos de legítimos usuarios. “Las armas no desaparecen y el Estado necesita la información”, advirtió. Y añadió: “Queda mucho por hacer”.
La sesión de este jueves también servirá para prorrogar, por cinco años, la labor del camarista federal Carlos Mahiques, padre del titular de la cartera de Justicia. Además, avanzarán convenios internacionales. Se espera que el kirchnerismo realice varias cuestiones de privilegio para plantear críticas a la gestión milelísta, lo que podría demorar el convite. Compensará el no tratamiento del tema de los holdouts.
Otro punto a saldar será la votación de un nuevo prosecretario de Coordinación Operativa, con guiño hacia PRO. Con ello, el pleno quedará con todas sus autoridades en total funcionamiento.
