La justicia federal de Lomas de Zamora secuestró la Ferrari California descapotable negra que Maximiliano Ariel Vallejo, titular del holding Sur Finanzas, utilizaba como vehículo personal y que era rastreada desde los allanamientos de diciembre de 2025. En las últimas horas apareció oculta en el garaje de un edificio de Puerto Madero, tapada con una cubierta y sin chapas patente. El vehículo, valuado en aproximadamente US$ 320.000, había sido transferido a nombre de una jubilada de 73 años. La fiscal del caso había solicitado su secuestro al entender que el cambio de titularidad del vehículo fue una maniobra para para evitar los que sucedió.
El secuestro del auto de alta gama fue ordenado el 6 de agosto por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, según confirmaron a Infobae fuentes vinculadas al caso.
El financista, amigo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, enfrenta cuatro cargos en la causa: asociación ilícita, cobro de tasas usurarias, lavado de activos —agravado por habitualidad y por su presunta pertenencia a una organización dedicada a la comisión continuada de ese delito— y administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario en perjuicio del Club Atlético Banfield. Este último cargo fue incorporado en mayo de 2026 a pedido de Incardona, quien sostuvo que Vallejo proveyó la estructura corporativa y el flujo de capital no registrado que permitió consumar el fraude ejecutado por los directivos del club. La acusación también desliza, de manera tangencial, presuntas infracciones al régimen penal cambiario e intermediación financiera no autorizada. El monto involucrado en las operaciones de lavado supera, según la fiscalía, los US$ 108 millones.
La historia del auto tiene un recorrido que la acusación considera revelador: el rodado estuvo registrado originalmente a nombre de Cluster Palace Beach S.A., empresa cuya presidencia ejercía Bárbara Denise Sena Argis, hermana de la socia de Vallejo, María Fernanda Sena Argis.
Según la acusación, esa sociedad habría servido para disimular el patrimonio real del financista. Como informó Infobae, el dominio AG-895-HZ figuraba en el expediente como un bien de uso personal de Vallejo, hasta que el fisco detectó la maniobra.
Diez días después de los allanamientos, el hijo de la jubilada se presentó en la causa y se identificó como comprador de buena fe, pero no puso el vehículo a disposición del tribunal tal como se había ordenado.
Cuando la justicia llegó al complejo departamental de Puerto Madero, por la información aportada por un residente, encontró el auto estacionado en el subsuelo junto con su documentación y las patentes, guardadas dentro de una caja fuerte en el departamento del hijo de la jubilada.
En su resolución, la fiscal Incardona sostuvo que ese comprador “no pudo acreditar debidamente el origen de los fondos con los cuales su madre, beneficiaria de una jubilación, compró la Ferrari”. Fotografías que circulan en redes sociales mostraban el vehículo estacionado frente a la sede central de Sur Finanzas, ubicada en la calle Seguí al 700 de Adrogué, cabecera del partido de Almirante Brown, en la provincia de Buenos Aires.
El parque automotor bajo investigación
La Ferrari no es el único vehículo que la justicia vincula a Vallejo y a las empresas de su entramado societario y que ya secuestró.
La investigación identificó unos veinte rodados como propiedad del financista o de firmas relacionadas: un Audi Q2, un Mercedes-Benz GLC 300 Coupé AMG-Line, un Alfa Romeo Stelvio Veloce 2.0, una Porsche Macan modelo 2025, una Porsche 718 Boxster modelo 2023, dos BMW —un X2 y un X4—, una Toyota SW4, un Citroën C3, un Volkswagen Vento y un Peugeot 208, entre otros. A ese listado se suman tres camiones de caudales Mercedes-Benz y una Jeep Renegade, tal como informó este medio.
Según la acusación fiscal recogida en el expediente y a la que accedió Infobae, varios de esos bienes estaban registrados a nombre de personas del entorno de Vallejo. El Mercedes-Benz GLC 300 Coupé AMG-Line y el BMW X2 figuraban a nombre de su madre, Graciela Beatriz Vallejo, quien aparece vinculada a trece empresas del holding. La Jeep Renegade estaba registrada a nombre de Maite Sofía Lorenzo, pareja del financista y administradora titular de Neocam S.A.S. Un Audi Q5 y un BMW 320i, en tanto, aparecen ligados a María Fernanda Sena Argis, quien según la fiscalía ejerció “roles administrativos ficticios” por orden y cuenta de Vallejo. La acusación sostiene que ese entramado de bienes a nombre de familiares y allegados habría servido para ocultar el patrimonio real del imputado.
Ese despliegue de vehículos de alta gama era parte del paisaje cotidiano en Adrogué. Vecinos y comerciantes de la zona describieron una postal que se repitió durante meses: camiones blindados con el característico color verde aguamarina de Sur Finanzas detenidos frente a las oficinas hasta tres veces por día, y autos de lujo estacionados en un predio que, según los residentes, había sido una remisería y que Vallejo habría adquirido para uso de la firma. Tras los allanamientos, tanto los camiones como los vehículos de alta gama desaparecieron del lugar.
Evasión y perfiles de insolvencia
En paralelo al rastreo de bienes, Incardona profundizó la investigación financiera sobre las billeteras virtuales administradas por Sur Finanzas PSP S.A., a través de las cuales se operaron $818.000 millones. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —ex AFIP— denunció que esa firma evadió tributos por una suma superior a los $3.327 millones. Armella ordenó la determinación de deuda impositiva respecto de esa empresa y de la totalidad de firmas del holding, así como de Vallejo, su madre Graciela y su socia María Fernanda Sena Argis.
La investigación patrimonial sobre los operadores del sistema reveló un esquema de perfiles incompatibles con los montos movilizados. Algunos de los investigados cobraban planes sociales o el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia del COVID-19, pero canalizaron transacciones virtuales por aproximadamente $4.000 millones. Otros, con situación crediticia calificada como “irrecuperable” ante el sistema financiero, registraron operaciones por más de $7.000 millones. El 31% de los movimientos correspondió a sujetos no categorizados que movilizaron aproximadamente $223.441 millones, concentrados en grandes operadores sin inscripción fiscal. También se detectaron empresas inscriptas en el régimen de facturación apócrifa, cuyos presuntos socios registraban domicilios en barrios populares, con movimientos en sus cuentas por más de $500 millones, y personas investigadas por lavado de activos en operaciones de arbitraje de criptomonedas.
Falta de mérito para los directivos de Banfield
El 11 de agosto pasado, Armella dictó la falta de mérito para cuatro ex directivos del Club Atlético Banfield y para dos personas jurídicas vinculadas al holding y a presuntas maniobras de lavado de activos. Como informó este medio de manera exclusiva, los beneficiados son Eduardo Juan Spinosa (ex presidente del club), Federico José Spinosa (ex secretario), Oscar Fabián Tucker y el ex tesorero Ignacio Javier Uzquiza, actual tesorero de la Asociación Argentina de Tenis (AAT). La medida también alcanzó a Banfileños S.A. y al Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña.
La figura, prevista en el artículo 309 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), se aplica cuando la prueba reunida no alcanza para dictar un procesamiento pero tampoco es suficiente para sobreseer. La investigación permanece abierta. Armella rechazó los sobreseimientos solicitados por las defensas por considerarlos “prematuros” y enumeró una serie de diligencias pendientes: informes técnicos de entramados financieros y sociales desde 2018, una auditoría de los contratos de sponsorización entre Banfield y Sur Finanzas, información del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre el estado de las cuentas del club, y un exhorto a Alemania, donde Banfield tenía una cuenta bancaria abierta porque sus cuentas locales “estaban embargadas y suspendidas”. Por esa caja ingresaron los fondos de un crédito participativo firmado en 2019 con Auriga League S.A. por un total de € 2.000.000.
La acusación fiscal sostuvo que los directivos firmaron con Vallejo dos contratos de mutuo en 2023: el primero por US$ 500.000 con una tasa de interés del 3% mensual, y el segundo por otros US$ 500.000 con una tasa del 4% mensual en moneda extranjera, ambos con un interés punitorio del 5% mensual. En menos de seis meses, el club quedó obligado a devolver US$ 1.150.000, de los cuales US$ 150.000 correspondían a intereses. Los fondos, declarados recibidos en efectivo y en dólares antes de la firma, no tuvieron trazabilidad bancaria directa. Sobre ese vínculo, la defensa del financista presentó una propuesta formal de patrocinio emitida en diciembre de 2022 y señaló que la marca Sur Finanzas estuvo visible en la indumentaria del club y en partidos televisados, incluyendo los de la “Copa Sur Finanzas”.
Todos los imputados negaron los cargos. Eduardo Spinosa reconoció el vínculo con Vallejo pero lo circunscribió al ámbito comercial: dijo haberlo conocido “para que sea sponsor del club”. Vallejo, por su parte, calificó el expediente como “una causa mediática” y en su indagatoria sostuvo que “soy inocente de la totalidad de los hechos que se me atribuyen”. La situación procesal del financista no fue resuelta en el pronunciamiento del 11 de agosto. Esa definición quedará en manos del nuevo titular del juzgado federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien asumió el cargo el jueves, dado que Armella era el magistrado subrogante de ese juzgado.
