La presentación de un proyecto de ley para castigar con elevadas penas la pesca ilegal procura ser una barrera más a la intensa depredación de ese recurso ejercida especialmente por flotas extranjeras. La iniciativa legislativa se enmarca en la aplicación de sanciones inéditas y nuevas medidas de control introducidas por las autoridades, que alertan sobre graves daños económicos y ambientales provocados por la explotación en el Mar Argentino.
El proyecto de ley impulsado por el diputado Guillermo Michel propone penas de prisión y sanciones económicas a quienes practiquen la pesca ilegal en aguas argentinas. La propuesta agrava el castigo en casos que involucren embarcaciones extranjeras sin autorización, métodos destructivos, especies protegidas o la intervención de funcionarios públicos.
La iniciativa presentada en el Congreso incorpora una definición precisa de pesca ilegal y delimita un marco penal inédito para la actividad en aguas argentinas. El articulado establece la incorporación de nuevos artículos al Código Penal de la Nación, de modo que quienes capturen, extraigan o den muerte a especies de la fauna silvestre durante períodos de veda, en zonas o cuerpos de agua prohibidos o restringidos, o respecto de especies cuya explotación se encuentre vedada por normas nacionales, provinciales o internacionales, puedan ser condenados penalmente. También se prevén sanciones para el uso de métodos prohibidos por la autoridad competente y para la presentación de declaraciones falsas ante los organismos de control sobre el volumen real de la captura.
La propuesta introduce agravantes que elevan las penas hasta seis años de prisión y multas más severas si el delito afecta especies amenazadas incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), si se utilizan explosivos o métodos masivos, si la actividad ocurre en áreas naturales protegidas, si participan tres o más personas de manera organizada o si intervienen embarcaciones extranjeras sin autorización. La intervención de funcionarios públicos en estos delitos también representa un agravante, con inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
El proyecto avanza sobre la cadena de valor vinculada a la pesca ilegal. En caso de ser aprobado, sancionará con prisión y multas a quienes, a sabiendas de su origen ilícito, vendan, compren, almacenen, transporten, industrialicen o comercialicen productos provenientes de capturas prohibidas. Las penas se agravan si la conducta se realiza en forma organizada, habitual o involucra especies protegidas.
El proyecto de ley prevé también la aplicación de sanciones penales sin perjuicio de las administrativas, ambientales o aduaneras que pudieran corresponder. Ordena el decomiso de especies, productos y bienes empleados en la comisión del delito, como embarcaciones o vehículos. Los ejemplares vivos serán restituidos a su hábitat cuando sea posible o derivados a centros de rescate o investigación. Los productos aptos para consumo humano se donarán prioritariamente a bancos de alimentos y comedores comunitarios. Las embarcaciones y vehículos decomisados podrán ser asignados a la Prefectura Naval Argentina, al INIDEP u otros organismos públicos para tareas de fiscalización o investigación.
Si el Congreso sanciona la norma, las personas jurídicas, como empresas pesqueras, podrán ser sancionadas con multas de hasta el quíntuplo del beneficio obtenido, suspensión de permisos, inhabilitación para contratar con el Estado y la publicación obligatoria de la sentencia en medios nacionales y en el Boletín Oficial con el costo a cargo del sancionado. El dinero recaudado a través de multas y subastas de bienes decomisados integrará el Fondo Nacional de Conservación y Fiscalización Pesquera, destinado a financiar tareas de control, investigación y programas de recuperación de recursos agotados.
La iniciativa incorpora la figura de asociación ilícita para la pesca ilegal, con penas de hasta ocho años de prisión para quienes organicen, financien o lideren bandas dedicadas a este delito de manera permanente o reiterada. Además, el juez podrá disponer la administración cautelar de los bienes secuestrados durante el proceso judicial para reforzar las tareas de control estatal mientras dure la causa.
Dimensión de la pesca ilegal en el Mar Argentino
La presión de las flotas extranjeras sobre la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) y la “Milla 201” alcanza una magnitud sin precedentes. De acuerdo con investigaciones citadas por Infobae y la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), entre 1,5 y 3 millones de toneladas de especies clave son extraídas cada año por buques internacionales, hasta cuatro veces más que el volumen desembarcado por la industria pesquera argentina, que oscila entre 750.000 y 900.000 toneladas anuales.
Al menos 400 a 600 embarcaciones, en su mayoría de China, pero también de Corea del Sur, Taiwán y España, concentran su actividad en el borde de la ZEEA. Muchas apagan deliberadamente el sistema de identificación automática (AIS), emplean redes de arrastre prohibidas o eluden los puertos argentinos transfiriendo la pesca directamente a buques nodriza en altamar. El uso de “banderas de conveniencia” permite ocultar la verdadera propiedad de las naves, un método denunciado por el especialista Milko Schvartzman, según recogió Infobae.
El esfuerzo pesquero de la flota china aumentó un 85% desde 2019 y la extracción total de flotas extranjeras creció un 65% en ese mismo período.
Impacto económico, ambiental y respuesta estatal ante la pesca ilegal
Las pérdidas económicas de Argentina por la extracción ilegal superan los 1.000 millones de dólares anuales, según estimaciones de la Subsecretaría de Pesca difundidas por Infobae. La sobreexplotación afecta de manera especial al calamar Illex argentinus ―especie de vida breve y eje alimentario del ecosistema marino― y a la merluza hubbsi, cuya reproducción y migración vinculan los recursos con distintos marcos regulatorios internacionales.
La FULASP advirtió: “En el caso del calamar, que vive apenas uno o dos años y cumple un rol central en la cadena alimentaria, una mala combinación de sobrepesca y cambio ambiental puede generar en poco tiempo el agotamiento de recursos fundamentales para la pesca argentina y todo el ecosistema”, dijo Raúl Cereseto a este medio.
En 2024, las autoridades de las Islas Malvinas suspendieron la segunda temporada del calamar Loligo debido al colapso de la biomasa, mientras que el Reino Unido, a través de la concesión de cuotas pesqueras en Malvinas, extrajo 261.903 toneladas de recursos solo en ese año, equivalentes a más de un tercio de toda la captura argentina. Ello generó ingresos estimados de mil millones de dólares anuales, representando el 65% de los ingresos de las islas, según la investigación de la fundación.
La Prefectura Naval Argentina y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca adoptaron el criterio de “tolerancia cero” frente a la pesca ilegal. Aplicaron, junto a la Justicia nacional, la mayor multa registrada: $1.262 millones impuesta a un buque de capital chino con bandera de Vanuatu capturado dentro de la ZEEA, después de verificar repetidas incursiones ilegales.
Este caso sentó precedente al validar la evidencia electrónica, como la vigilancia satelital y sistemas como Skylight, para la imposición de sanciones. La Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA) destacó “la solidez probatoria” de este tipo de controles y su valor para trasladar la fiscalización del ámbito físico al digital. Para Schvartzman, “la pesca ilegal es la norma para la flota china en el Atlántico Sudoccidental”.
Cooperación internacional y desafíos en la regulación pesquera
El combate contra la pesca ilegal enfrenta vacíos regulatorios en la región y falta de organismos de gobernanza efectiva a nivel global. Instrumentos como el Acuerdo de Medidas del Estado Rector de Puerto, impulsados por la FAO, buscan reforzar los controles portuarios y bloquear puertos de conveniencia como Montevideo, promoviendo el intercambio de información entre autoridades portuarias.
Sin embargo, la presencia británica en Malvinas y la dispersión de responsabilidades complican la creación de organismos internacionales sólidos para la conservación de recursos en el Atlántico Sur. Iniciativas privadas y comisiones regionales no han logrado frenar la actividad ilegítima alentada por apoyo logístico extranjero y la escasez de regulación fuera de jurisdicción nacional.
La presión persistente sobre la fauna marina, la captura sostenida de especies vulnerables y las condiciones extremas de trabajo en estas flotas exigen una respuesta inmediata que trascienda la legislación local y apueste por la cooperación internacional para proteger los recursos y la vida en el Atlántico Sur.
