De la obsolescencia del sistema actual a la modernización basada en datos: un diagnóstico profundo sobre la necesidad de una reforma del transporte en Tucumán
Durante décadas, el transporte público operó bajo un esquema anacrónico que priorizó los subsidios empresariales sobre la calidad del servicio. Frente a un parque automotor duplicado y recorridos que datan de hace treinta años, la Municipalidad plantea una reingeniería total. No se trata solo de cambiar buses, sino de redefinir la relación entre el Estado, las empresas y el usuario, mientras se enfrenta el desafío de regular un mercado digital que crece al margen de la ley local.
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Hablar de la reforma del transporte en Tucumán se ha convertido en uno de los temas centrales de la agenda pública en San Miguel de Tucumán. En una tarde de invierno tucumano, donde la temperatura apenas superaba los 21 grados y el viento soplaba con discreción, la conversación en los estudios de Radio del Plata derivó hacia uno de los nervios más sensibles de la vida cotidiana: la manera en que sus habitantes se desplazan. Fue en el programa «Libertad de Expresión», conducido por Graciela Nuñez junto a Pablo Gerez, donde la complejidad del tráfico dejó de ser una queja vecinal para convertirse en un objeto de análisis político y urbano.
La invitada especial fue la voz del Secretario de Movilidad Urbana, el profesor Carlos Arnedo, quien no escatimó en detalles al describir la situación actual como un sistema «anacrónico y obsoleto». Según su relato, la estructura vigente fue moldeada a imagen y semejanza de un empresariado que recibe subsidios millonarios sin trasladar esos recursos a una mejora tangible del servicio. «Hace más de 30 años están los mismos actores y lamentablemente no se ponían sobre el tapete para discusión ni para enriquecer ninguna propuesta», afirmó Arnedo, marcando el tono de una gestión que busca romper con la inercia histórica.
«Hace más de 30 años están los mismos actores y lamentablemente no se ponían sobre el tapete para discusión ni para enriquecer ninguna propuesta que se precie de tal».
El diagnóstico presentado por la secretaría es contundente: los recorridos actuales tienen entre 20 y 35 años de antigüedad, diseñados para una ciudad que ya no existe. San Miguel ha sufrido una explosión demográfica y un crecimiento notable de su parque automotor en la última década, fenómenos que el viejo mapa de líneas no puede absorber. La propuesta inicial, lanzada hace 28 días por la intendenta Roxana Chahla, apunta a una transformación definitiva basada en datos duros y no en suposiciones.
La estrategia central gira en torno a la optimización. Mientras algunos sectores hablan de reducción de servicios para mantener el status quo, desde el municipio se insiste en que optimizar significa garantizar un servicio de calidad con los mismos o menos recursos. El plan contempla la división de la ciudad en siete sectores, cada uno con un kilometraje parejo para ser recorrido por el transporte público, buscando equilibrar la oferta con la demanda real de pasajeros que hoy soporta el sistema.
Uno de los puntos más álgidos de la conversación giró en torno a los taxis y las aplicaciones de transporte. Arnedo detalló que, desde el 26 de junio, la Dirección de SUTRAPA ha logrado registrar cerca de 3.000 licencias de taxi, sin cobrar cánones ni colocación de obleas, en un esfuerzo por formalizar el sector. Sin embargo, la situación con las plataformas digitales como Uber presenta aristas más conflictivas. El funcionario fue claro al señalar que Uber no ha cumplido con la ordenanza de curso legal para radicarse en la ciudad, agotándose las vías de intimación administrativa y legal.
«Uber no ha cumplido en tiempo y forma. Hemos agotado la vía de intimación y también por vía legal a los efectos de que radique domicilio fiscal y tribute».
En contraste, otras plataformas como Cabify ya han tomado domicilio fiscal y comienzan a tributar, mientras que DiDi enfrenta multas económicas significativas y denuncias judiciales por incumplimiento normativo. Arnedo aclaró que estas medidas no van contra los conductores particulares o «socios conductores», quienes trabajan con sus propios vehículos, sino contra las empresas que operan al margen de la ley local. La intención es crear un registro municipal de prestadores de servicios digitales para ejercer el contralor que corresponde como poder concedente.
Más allá de la burocracia y las multas, la realidad de la calle impone desafíos urgentes relacionados con la seguridad vial. Durante el diálogo, se puso sobre la mesa el aumento ostensible del consumo de alcohol al volante, especialmente los fines de semana. Los operativos de alcoholemia realizados cada viernes y sábado están resultando en el secuestro de aproximadamente 50 a 52 vehículos por jornada, cifras que revelan una problemática de fondo que pone en riesgo tanto la vida del conductor como la de los transeúntes.
La violencia durante estos controles también ha escalado. Arnedo relató incidentes graves donde inspectores de tránsito han sido atacados físicamente, llegando incluso a ser atropellados por vehículos que intentan evadir los controles. Para mitigar estos riesgos, la municipalidad ha implementado el uso de chalecos tácticos y cámaras corporales (body cams) que transmiten en tiempo real al centro de visualización del COM, ubicado en calle 9 de Julio. «La violencia y la agresión es moneda corriente en los operativos», admitió el secretario, subrayando la necesidad de proteger a quienes cumplen con su deber de cuidar la vida en la vía pública.
«Estamos secuestrando 50 a 52 autos cada fin de semana producto de los operativos de alcoholemia. El alcohol en sangre de los conductores tiene números importantes que dan cuenta de que prácticamente no podrían ni mover el vehículo».
La entrevista en «Libertad de Expresión» dejó en claro que la reforma del transporte no es una medida aislada, sino parte de un engranaje mayor que incluye la educación vial, la fiscalización estricta y la modernización tecnológica. Desde la sanción de multas a quienes estacionan en doble fila o bloquean bocacalles, hasta la implementación de calcomanías que prohíben el estacionamiento en zonas críticas, el municipio busca instalar una nueva cultura de respeto por el espacio público.
Al cerrar el ciclo de la conversación, quedó planteado un horizonte de seis meses como plazo para evaluar los primeros resultados concretos. La expectativa oficial es que el control de alcoholemia reduzca sensiblemente los siniestros, que el tránsito fluya con mayor orden gracias a la fiscalización intensiva y que la conciencia ciudadana empiece a modificar hábitos arraigados. Como bien señaló Arnedo, se trata de beneficiar al conjunto y promover una sana convivencia entre ciudadanos que comparten el mismo perímetro urbano.
«Queremos ser responsables y comprometidos con la prestación de los servicios en materia de transporte en el ejido capitalino. Es una asignatura pendiente que requiere coraje político».
La transformación del sistema de movilidad en San Miguel de Tucumán parece haber dejado atrás la etapa de los diagnósticos teóricos para adentrarse en la práctica, a veces áspera, de la gestión pública. Entre subsidios renegociados, aplicaciones reguladas y conductores responsabilizados, la ciudad intenta encontrar un nuevo ritmo de marcha. El éxito de esta empresa no dependerá únicamente de la voluntad política expresada en los estudios de radio, sino de la capacidad de todo el sistema —empresas, usuarios y autoridades— para adaptarse a un modelo que exige, ante todo, eficiencia y seguridad.
