Durante una entrevista en el programa Libertad de Expresión, por Radio Del Plata Tucumán, el legislador provincial José Cano reclamó el tratamiento urgente de un proyecto de ley para prohibir el uso de telefonía celular e internet en cárceles y alcaldías. Sus declaraciones se producen tras el allanamiento realizado en el penal de Villa Urquiza, donde la Justicia secuestró teléfonos que, según la investigación, eran utilizados para extorsionar a un interno vinculado a una causa por narcotráfico.
El episodio, que volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema penitenciario tucumano, fue calificado por Cano como una demostración de que «el Estado llega tarde» y de que existen graves fallas de control.
«Cuando tenemos un Estado eficiente, se trabaja de manera preventiva para evitar que personas privadas de la libertad sigan cometiendo delitos desde la cárcel. Lo que ocurrió en Villa Urquiza no es un hecho aislado; es apenas uno de los casos que llegan a conocimiento público porque alguien se anima a denunciar», afirmó.
El legislador sostuvo que muchas víctimas de extorsiones prefieren guardar silencio por temor a represalias y aseguró haber conocido otros casos similares ocurridos incluso en comisarías de la provincia.
«Hay negligencia, falta de control o complicidad»
Durante la entrevista, Cano fue contundente al señalar que la libre disponibilidad de teléfonos celulares dentro de las cárceles solo puede explicarse por una combinación de responsabilidades estatales.
«Estamos frente a negligencia, falta de control, complicidad o todas esas cosas juntas. No se puede responsabilizar únicamente al personal penitenciario; aquí hay una responsabilidad del Estado», sostuvo.
Según explicó, hace casi dos años presentó un proyecto de ley que propone restringir el uso de dispositivos de comunicación por parte de personas privadas de la libertad para impedir que continúen organizando delitos desde los establecimientos penitenciarios.
«No son hechos aislados»
El dirigente advirtió que las modalidades de extorsión se repiten con frecuencia y describió mecanismos utilizados por organizaciones criminales para obtener dinero de sus víctimas.
Relató que algunos delincuentes crean perfiles falsos en redes sociales para luego extorsionar a quienes contactan, mientras que otros exigen dinero a familiares de internos a cambio de supuesta protección dentro de los penales.
«Lo inadmisible es que el Estado siga mirando para otro lado mientras delincuentes condenados continúan manejando extorsiones, narcomenudeo y otros delitos desde la cárcel», expresó.
Más controles y tecnología
Consultado sobre las herramientas necesarias para enfrentar esta problemática, Cano sostuvo que la provincia debe incorporar tecnología, fortalecer la capacitación del personal penitenciario y avanzar en sistemas de inhibición y monitoreo de comunicaciones.
También recordó que la Justicia Federal de Tucumán enfrenta limitaciones técnicas para peritar teléfonos celulares secuestrados en causas complejas de narcotráfico.
«Hay tecnologías que ya funcionan en otras provincias y en otros países. No hace falta inventar nada; hace falta voluntad política para aplicarlas», remarcó.
«El crimen organizado sigue operando»
Para Cano, el caso de Villa Urquiza confirma que organizaciones delictivas continúan funcionando desde los lugares de detención.
«Si desde una cárcel le exigen a un detenido un vehículo y 25.000 dólares para garantizarle protección, estamos frente a un mensaje claramente mafioso», advirtió.
Además, señaló que el problema no se limita al penal de Villa Urquiza y afirmó conocer denuncias vinculadas con hechos similares ocurridos en distintas dependencias policiales.
Críticas a la falta de debate legislativo
El legislador cuestionó la falta de tratamiento de proyectos relacionados con la seguridad pública, entre ellos la creación de un área independiente de Asuntos Internos para controlar a las fuerzas policiales.
«Estamos demasiado concentrados en la coyuntura electoral y no discutimos las políticas públicas que pueden resolver problemas estructurales de Tucumán», lamentó.
También apuntó al Gobierno nacional
En el tramo final de la entrevista, Cano fue consultado sobre la investigación judicial que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.
El legislador sostuvo que el caso genera «una enorme desilusión» entre quienes respaldaron al actual gobierno y consideró positivo que la Justicia avance con rapidez para esclarecer los hechos.
Asimismo, volvió a cuestionar el manejo de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles, al sostener que el Gobierno nacional desvió recursos que debían destinarse al mantenimiento de las rutas nacionales.
«Las rutas están peor que antes y los fondos con afectación específica fueron utilizados para otros fines. Eso merece una explicación y, si corresponde, una investigación judicial», afirmó.
Un llamado a actuar
Antes de finalizar la entrevista, Cano insistió en que los tres poderes del Estado tienen herramientas para impedir que los presos continúen delinquiendo desde las cárceles.
«Hay medidas concretas que pueden tomarse. Lo que no podemos seguir aceptando es que personas privadas de la libertad continúen extorsionando ciudadanos desde un establecimiento que está bajo la tutela del Estado», concluyó.
