En una entrevista concedida al programa Libertad de Expresión,
En una entrevista concedida al programa Libertad de Expresión, que conduce Graciela Núñez por Radio Del Plata Tucumán 93.9, la abogada especialista en género, familia y conflictos complejos, Dra. Jimena Rosselló, realizó un duro análisis del proyecto de ley impulsado por la senadora Carolina Losada para agravar las penas por denuncias falsas. La jurista sostuvo que la iniciativa «regula algo que ya está previsto en el Código Penal», cuestionó su fundamento jurídico y advirtió que podría convertirse en una nueva barrera para el acceso a la Justicia de las víctimas de violencia.
La iniciativa legislativa reabrió un intenso debate político y jurídico en todo el país. Mientras algunos sectores sostienen que busca proteger a quienes son injustamente acusados, especialistas en derecho penal y violencia de género alertan sobre los riesgos que podría generar para quienes aún dudan en denunciar delitos, especialmente los de violencia sexual.
«La falsa denuncia ya es un delito»
Rosselló fue categórica al afirmar que el proyecto parte de una premisa equivocada.
«El Código Penal ya sanciona las falsas denuncias y el falso testimonio. No existe un vacío legal que justifique una nueva regulación»,
explicó, al señalar que la propuesta busca agravar penas sobre figuras que ya están contempladas en la legislación vigente.
Para la especialista, el título del proyecto tiene un fuerte impacto comunicacional, pero no refleja una necesidad jurídica real.
«Cuando se instala permanentemente el concepto de ‘falsa denuncia’, se genera la idea de que es un problema masivo. Sin embargo, los datos oficiales muestran exactamente lo contrario», sostuvo.
Las cifras que contradicen el proyecto
Uno de los argumentos centrales expuestos durante la entrevista estuvo respaldado por estadísticas oficiales.
Rosselló indicó que, según un relevamiento realizado por los Ministerios Públicos Fiscales de 17 jurisdicciones del país, entre 2023 y 2025 apenas el 0,09% de las investigaciones penales concluyeron en falsas denuncias.
«De ocho millones de investigaciones penales, solamente el 0,09% corresponde a denuncias falsas. Es un porcentaje ínfimo que no justifica una reforma de esta naturaleza», remarcó.
La abogada agregó que incluso ese reducido porcentaje no corresponde mayoritariamente a denuncias por violencia de género, sino a otros tipos de delitos.
«Lo que faltan son denuncias»
Frente al argumento de quienes impulsan endurecer las penas, Rosselló respondió con otro dato que considera mucho más preocupante.
Recordó que de los femicidios registrados en 2025, apenas el 15% de las víctimas había realizado una denuncia previa, lo que demuestra —según afirmó— que el verdadero problema no son las falsas denuncias sino el enorme número de hechos que nunca llegan a conocimiento de la Justicia.
«Las estadísticas muestran que las mujeres víctimas de violencia denuncian muy poco. Lo que falta son denuncias, no herramientas para perseguir a quienes denuncian», enfatizó.
El mayor riesgo: desalentar a las víctimas
La especialista sostuvo que el proyecto puede tener un efecto contrario al que dice perseguir.
Según explicó, las víctimas de delitos sexuales ya enfrentan enormes obstáculos emocionales para denunciar: miedo, culpa, vergüenza y presión social.
«Incorporar además el temor a ser perseguidas penalmente si no logran probar el delito puede convertirse en una barrera adicional para acceder a la Justicia», afirmó.
También advirtió que esta situación podría afectar directamente la aplicación de la Ley Lucio, que obliga a docentes, médicos y otros profesionales a denunciar cuando detectan indicios de violencia contra niños y adolescentes.
«Si el Estado envía el mensaje de que denunciar puede traer consecuencias penales, muchos profesionales pueden terminar dudando antes de actuar», alertó.
Diferenciar una denuncia falsa de una denuncia sin pruebas
Durante la entrevista, Rosselló realizó una aclaración jurídica que consideró fundamental.
Explicó que una denuncia falsa exige demostrar la intención deliberada de perjudicar a otra persona, mientras que una denuncia que finalmente no logra probarse no constituye automáticamente un delito.
«Cualquier ciudadano puede denunciar un hecho que considera delictivo aunque luego no aparezcan pruebas suficientes. Eso no convierte la denuncia en falsa», explicó.
Una advertencia internacional
Rosselló reveló además que un comité de expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), recomendó al Estado argentino no avanzar con este tipo de iniciativas legislativas.
Según explicó, el organismo considera que podrían transformarse en obstáculos adicionales para el acceso a la Justicia y comprometer las obligaciones internacionales asumidas por el país en materia de protección de víctimas.
«No estamos en contra de las garantías constitucionales»
Hacia el final de la entrevista, la especialista rechazó que quienes cuestionan el proyecto desconozcan los derechos de las personas acusadas.
«Defiendo plenamente el principio de inocencia y todas las garantías constitucionales. Pero eso no puede utilizarse para generar miedo en quienes necesitan denunciar hechos de violencia», sostuvo.
Finalmente, llamó a fortalecer las políticas públicas de acompañamiento a las víctimas y no a incorporar nuevos obstáculos.
«Lo que necesitamos es ampliar el acceso a la Justicia y fortalecer las redes de protección. Si espantamos la denuncia, terminamos debilitando todas las herramientas que el Estado construyó para combatir la violencia», concluyó.
Radio Del Plata Tucumán 93.9, la abogada especialista en género, familia y conflictos complejos, Dra. Jimena Rosselló, realizó un duro análisis del proyecto de ley impulsado por la senadora Carolina Losada para agravar las penas por denuncias falsas. La jurista sostuvo que la iniciativa «regula algo que ya está previsto en el Código Penal», cuestionó su fundamento jurídico y advirtió que podría convertirse en una nueva barrera para el acceso a la Justicia de las víctimas de violencia.
La iniciativa legislativa reabrió un intenso debate político y jurídico en todo el país. Mientras algunos sectores sostienen que busca proteger a quienes son injustamente acusados, especialistas en derecho penal y violencia de género alertan sobre los riesgos que podría generar para quienes aún dudan en denunciar delitos, especialmente los de violencia sexual.
«La falsa denuncia ya es un delito»
Rosselló fue categórica al afirmar que el proyecto parte de una premisa equivocada.
«El Código Penal ya sanciona las falsas denuncias y el falso testimonio. No existe un vacío legal que justifique una nueva regulación», explicó, al señalar que la propuesta busca agravar penas sobre figuras que ya están contempladas en la legislación vigente.
Para la especialista, el título del proyecto tiene un fuerte impacto comunicacional, pero no refleja una necesidad jurídica real.
«Cuando se instala permanentemente el concepto de ‘falsa denuncia’, se genera la idea de que es un problema masivo. Sin embargo, los datos oficiales muestran exactamente lo contrario», sostuvo.
Las cifras que contradicen el proyecto
Uno de los argumentos centrales expuestos durante la entrevista estuvo respaldado por estadísticas oficiales.
Rosselló indicó que, según un relevamiento realizado por los Ministerios Públicos Fiscales de 17 jurisdicciones del país, entre 2023 y 2025 apenas el 0,09% de las investigaciones penales concluyeron en falsas denuncias.
«De ocho millones de investigaciones penales, solamente el 0,09% corresponde a denuncias falsas. Es un porcentaje ínfimo que no justifica una reforma de esta naturaleza», remarcó.
La abogada agregó que incluso ese reducido porcentaje no corresponde mayoritariamente a denuncias por violencia de género, sino a otros tipos de delitos.
«Lo que faltan son denuncias»
Frente al argumento de quienes impulsan endurecer las penas, Rosselló respondió con otro dato que considera mucho más preocupante.
Recordó que de los femicidios registrados en 2025, apenas el 15% de las víctimas había realizado una denuncia previa, lo que demuestra —según afirmó— que el verdadero problema no son las falsas denuncias sino el enorme número de hechos que nunca llegan a conocimiento de la Justicia.
«Las estadísticas muestran que las mujeres víctimas de violencia denuncian muy poco. Lo que falta son denuncias, no herramientas para perseguir a quienes denuncian», enfatizó.
El mayor riesgo: desalentar a las víctimas
La especialista sostuvo que el proyecto puede tener un efecto contrario al que dice perseguir.
Según explicó, las víctimas de delitos sexuales ya enfrentan enormes obstáculos emocionales para denunciar: miedo, culpa, vergüenza y presión social.
«Incorporar además el temor a ser perseguidas penalmente si no logran probar el delito puede convertirse en una barrera adicional para acceder a la Justicia», afirmó.
También advirtió que esta situación podría afectar directamente la aplicación de la Ley Lucio, que obliga a docentes, médicos y otros profesionales a denunciar cuando detectan indicios de violencia contra niños y adolescentes.
«Si el Estado envía el mensaje de que denunciar puede traer consecuencias penales, muchos profesionales pueden terminar dudando antes de actuar», alertó.
Diferenciar una denuncia falsa de una denuncia sin pruebas
Durante la entrevista, Rosselló realizó una aclaración jurídica que consideró fundamental.
Explicó que una denuncia falsa exige demostrar la intención deliberada de perjudicar a otra persona, mientras que una denuncia que finalmente no logra probarse no constituye automáticamente un delito.
«Cualquier ciudadano puede denunciar un hecho que considera delictivo aunque luego no aparezcan pruebas suficientes. Eso no convierte la denuncia en falsa», explicó.
Una advertencia internacional
Rosselló reveló además que un comité de expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), recomendó al Estado argentino no avanzar con este tipo de iniciativas legislativas.
Según explicó, el organismo considera que podrían transformarse en obstáculos adicionales para el acceso a la Justicia y comprometer las obligaciones internacionales asumidas por el país en materia de protección de víctimas.
«No estamos en contra de las garantías constitucionales»
Hacia el final de la entrevista, la especialista rechazó que quienes cuestionan el proyecto desconozcan los derechos de las personas acusadas.
«Defiendo plenamente el principio de inocencia y todas las garantías constitucionales. Pero eso no puede utilizarse para generar miedo en quienes necesitan denunciar hechos de violencia», sostuvo.
Finalmente, llamó a fortalecer las políticas públicas de acompañamiento a las víctimas y no a incorporar nuevos obstáculos.
«Lo que necesitamos es ampliar el acceso a la Justicia y fortalecer las redes de protección. Si espantamos la denuncia, terminamos debilitando todas las herramientas que el Estado construyó para combatir la violencia», concluyó.
