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Mientras los jueces escriben sentencias sobre el pasado, los lobistas escriben contratos sobre el futuro
De París a Buenos Aires, de Berlín a Brasilia, la corrupción y expresidentes parecen estar muy unidos al punto que caen como fichas de dominó. Zapatero, Sarkozy, Lula, Cristina: un recorrido por el mapa global de la corrupción que ahora tiene su próximo capítulo en la privatización de la Hidrovía argentina, donde el 80% del comercio exterior se juega en una licitación envuelta en denuncias y reuniones con embajadores.
Hay un momento en el que el poder deja de ser servicio para convertirse en una cuenta bancaria. No ocurre de golpe, no hay un antes y un después nítidos. Es más bien como esos mapas antiguos donde los bordes se difuminan: uno no sabe exactamente dónde termina el territorio conocido y dónde empieza el mar de los monstruos. Pero cuando miras atrás, ves la línea trazada. Y en esa línea, como puntos en un atlas de la decadencia, están los nombres: Zapatero, Sarkozy, Schröder, Johnson, Lula, Cristina, Uribe, Fujimori. El más reciente integrante de esta lista es el expresidente de España.
El último en caer en esta red es José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente español, famoso por su aura de hombre moderado y dialoguista, fue retratado esta semana por el juez Luis Calama como el ‘líder de una estructura estable y jerarquizada’ destinada a obtener beneficios económicos. La historia es tan simple como inquietante. Plus Ultra, una aerolínea venezolana de seis aviones que vuela a Bogotá, Lima, Caracas y Cartagena, recibió 53 millones de euros del gobierno español en 2021. El argumento: salvar una empresa estratégica tocada por la pandemia.
«La corrupción ya no es un escándalo: es la normalización del enriquecimiento como fin último de la política. De París a Buenos Aires, el poder mutó en plataforma de negocios.»
Cinco años después, Zapatero está imputado por presunto tráfico de influencias. Según el auto judicial, él y sus hijas Laura y Alba cobraron comisiones millonarias a través de sociedades instrumentales en Dubái. Es decir: plata pública española que viaja en círculo, del Estado a una compañía venezolana y de vuelta, como retorno silencioso, a los intermediarios que facilitaron el milagro.
Pero Zapatero no está solo en la lista. En Europa, concretamente en París, Nicolas Sarkozy ya no es el hombre que prometió romper con el pasado. En septiembre de 2025 fue condenado a cinco años de prisión por conspiración criminal. La Corte Suprema francesa confirmó en noviembre su condena por financiación ilegal de la campaña de 2012. El mismo Sarkozy que alguna vez pareció encarnar la derecha francesa moderna ahora es, en palabras de los tribunales, un delincuente común. En Berlín, Gerhard Schröder protagoniza otra historia judicial. El canciller que gobernó Alemania entre 1998 y 2005 se convirtió en lobista de los intereses rusos apenas abandonó el poder. Schröder es nada más y nada menos que el «puente» con Putin, perdió en 2023 su derecho a tener una oficina pagada con dinero público. Alemania descubrió, con la guerra en Ucrania, que había construido su dependencia energética sobre las espaldas de un expresidente convertido en agente de influencia de Moscú.
La circunspecta Inglaterra no podía quedar afuera de estos vaivenes que sacuden estructuras de poder. En Londres, Boris Johnson fue el primer ministro británico más multado de la historia. La investigación del «Partygate» terminó con 126 multas emitidas a 83 personas, incluyendo al propio Johnson, su esposa Carrie y hasta Rishi Sunak. Johnson fue multado en abril de 2022 por participar en una fiesta sorpresa por su 56 cumpleaños en junio de 2020, en plena pandemia. Su pecado: creer que las reglas eran para los demás. Y aunque no fue prisión, la humillación pública lo obligó a renunciar; no olvidemos que han salido a la luz pagos millonarios recibidos desde la dictadura chavista por supuestos servicios de asesoría.
«En Europa la corrupción es estratégica: élites que negocian influencia. En América Latina es sistémica: redes transnacionales que envuelven once países. Pero el patrón es el mismo.»
Pero si Europa tiene sus asuntos que huelen mal, muy mal, América Latina no se queda a la saga. En Brasil, Lula da Silva fue el símbolo de esta paradoja. Condenado por corrupción y lavado de dinero en el caso del sitio de Atibaia, en marzo de 2021, el ministro Edson Fachin anulara todas sus condenas relacionadas con la Lava Jato. Lula volvió a ser presidente. Pero la pregunta quedó flotando: ¿fue víctima de una persecución política o de una justicia selectiva que, aunque lo condenó con pruebas, no pudo sostener el proceso? En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner enfrenta un destino más oscuro. En diciembre de 2022 fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por ser autora de una asociación ilícita de corrupción. La Corte Suprema confirmó la sentencia en junio de 2025, aunque luego se le permitió cumplir la detención domiciliaria. El kirchnerismo, que llegó al poder con la bandera de los derechos humanos, terminó con su líder judicialmente condenada por corrupción.
En Colombia, Álvaro Uribe Vélez escribió un capítulo histórico: fue el primer expresidente colombiano llamado a juicio por un ente judicial. En agosto de 2020, la Corte Suprema ordenó su arresto por soborno y manipulación de testigos. En julio de 2021, fue hallado culpable de manipulación de testigos, aunque luego su condena fue revertida en agosto de 2025. Uribe, el presidente más popular de la historia reciente de Colombia, terminó sus días como un acusado más. En Perú, Alberto Fujimori encarna la dualidad del poder. Condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción, recibió un polémico indulto «humanitario» en diciembre de 2017. El Tribunal Constitucional ordenó su liberación en 2023, dividiendo al país entre quienes ven a un estadista enfermo y quienes ven a un dictador impune. Ollanta Humala, otro peruano, pasó 18 meses de prisión preventiva por el escándalo Odebrecht. Fue el primer ex gobernante latinoamericano en prisión vinculado a la constructora brasileña. Su esposa, Nadine Heredia, compartió la celda. El matrimonio que prometió renovar la política terminó como símbolo de la corrupción sistémica.
En Ecuador, Rafael Correa fue condenado en abril de 2020 a ocho años de prisión e inhabilitación a cargos públicos por liderar una red de sobornos. La Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia en septiembre de 2020. Correa, que vivía fuera del país, esquivó la cárcel. Pero la condena lo persigue como una sombra. ¿Qué une a Zapatero con Sarkozy, con Schröder, con Lula, con Cristina, con Uribe, con Fujimori, con Humala, con Correa? No es solo la corrupción. Es algo más profundo: la normalización del enriquecimiento como fin de la política. Es la transformación del cargo público en una plataforma de negocios. Es la idea de que el poder deja de ser servicio y pasa lisa y llanamente a ser una oportunidad.
«Mientras los jueces escriben sentencias sobre el pasado, los lobistas escriben contratos sobre el futuro. La Hidrovía es el próximo capítulo: 10.000 millones de dólares en juego, embajadores reunidos, denuncias de irregularidades.»
Pero la historia no termina con los casos del pasado. Mientras los tribunales procesan lo que ya ocurrió, en Buenos Aires se escribe el próximo capítulo. Se llama Hidrovía Paraná-Paraguay y es, para Argentina, lo que el estrecho de Ormuz para el petróleo o el canal de Suez para el comercio global: por la Hidrovía sale el 80% de lo que el país exporta. Es el estrecho vital, el canal de Panamá argentino. Y ahora está en juego. Esta semana que comienza tendremos, de no mediar conflictos, la designación de la empresa que se hará cargo; la elegida saldrá de entre dos empresas belgas: Jan de Nul y DEME. La licitación contempla una inversión de más de 10.000 millones de dólares en 25 años. Jan de Nul es el favorito: obtuvo 66,20 puntos en la evaluación técnica contra 42,14 de DEME. Ambos ofertaron la misma tarifa mínima de 3,40 dólares por tonelada neta registrada de carga. Pero hay algo más.
Jan de Nul se reunió esta semana con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Los directivos de la empresa belga fueron recibidos en la embajada para desmentir «categóricamente» las «maliciosas afirmaciones» sobre vínculos con empresas de capitales estatales chinos. DEME, su competidora, había advertido en Estados Unidos sobre una presunta presencia de empresas de China en la licitación, pese a estar prohibidas en el pliego. Jan de Nul ratificó que toda la tecnología e insumos provienen de países de Occidente y, en particular, de proveedores de Estados Unidos. La empresa se comprometió a trabajar en futuros proyectos con compañías norteamericanas. Es decir: hay lobby, hay embajadores, hay operaciones mediáticas. Hay, en definitiva, los mismos ingredientes que en los casos de Europa y América Latina, pero en tiempo real.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó un dictamen ante el fiscal Guillermo Marijuan señalando irregularidades en el pliego. No es la primera vez: el año pasado, justo el día anterior a la presentación de ofertas, también había denunciado irregularidades. El fiscal Sergio Leonardo Rodríguez advirtió sobre «serias y evidentes irregularidades» que «conducirán inevitablemente a un procedimiento y posible adjudicación pasibles de reproches administrativos y/o penales». Cuestionó la «fórmula de evaluación de las ofertas» y el «procedimiento de etapa múltiple establecido, en el cual recaen reparos sobre un posible direccionamiento del proceso». También denunció que las audiencias públicas habrían vulnerado el «derecho a una información comprensible, accesible y oportuna», así como la «falta de una evaluación de impacto ambiental» completa. Pero el proceso continúa firme. El martes se abren los sobres.
Y mientras tanto, la aparentemente caótica guerra interna del gobierno argentino —trolls, insultos cruzados, descalificaciones entre los kirchneristas, aliados, por ahora, con los menemistas en contra de los caputistas, claro que todos ellos parte del colectivo «La Libertad Avanza«, y hasta la acusación de que le mienten al presidente (se mencionó que le armarían «el diario de Yrigoyen» a Milei)— funciona como una cortina de humo perfecta. Quizás todas estas escaramuzas públicas sean solo fuegos artificiales, el destello de una encarnizada lucha que tiene su explicación en cosas mucho más valiosas: definir quién se queda con los negocios. La Hidrovía, al final, quizás, lo explica todo. El martes se sabrá quién se queda con el control del tráfico del 80% del comercio exterior argentino (y otros tráficos también).
«¿Se conocen más casos porque la lupa periodística tiene mas aumento, o porque la política mutó definitivamente en un oficio de enriquecimiento?»
A todo esto: los jueces escriben sentencias sobre lo que fue, los lobistas escriben contratos sobre lo que será. Y en el medio, la pregunta que atraviesa París, Berlín, Caracas, Brasilia y Buenos Aires: ¿se conocen más casos porque la lupa tiene más aumento, o porque la política mutó definitivamente en un oficio de enriquecimiento? Quizás las dos. Quizás ninguna. Lo cierto es que el mapa de las caídas sigue expandiéndose. Y en ese mapa, la Hidrovía no es un punto final. Es una flecha que apunta hacia adelante: ¿quién sigue?
