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De la denuncia anónima al operativo que desmanteló el abuso
Más de setenta licencias están bajo investigación administrativa tras confirmarse la manipulación de los relojes de los taxis. Mientras la intendencia suspende el canon y busca reactivar el sector, un nuevo sistema de denuncias digitales revela que el problema no es la tecnología, sino la impunidad histórica de quienes cobran de más.
Los taxímetros adulterados dejaron de ser un simple rumor de pasillo en San Miguel de Tucumán para convertirse en un dato administrativo concreto y sancionable. En los estudios de Radio del Plata 93.9 MHz, durante una emisión del programa Libertad de Expresión, conducido por Graciela Nuñez con la participación de Pablo Gerez, la conversación derivó hacia este conflicto urbano. Valeria Amaya, contadora pública y directora de SUTRAPA, desgranó ante los micrófonos la mecánica de una operación que busca limpiar una actividad golpeada por la crisis y, sobre todo, por la desconfianza.
La escena sonaba a crónica policial, pero los protagonistas eran funcionarios municipales y taxistas. Amaya relató cómo, tras meses de recibir alertas a través de una aplicación ciudadana y un canal de WhatsApp institucional, decidieron cambiar la estrategia de control. Ya no bastaba con esperar afuera de la terminal de ómnibus o en la parada de la avenida 24 de Septiembre y 9 de Julio. Era necesario entrar al terreno de juego del conductor para observar el mecanismo del fraude en tiempo real.
«Antes veníamos haciendo controles afuera de la terminal y nos pasaba que nadie salía a trabajar, se quedaban adentro de los autos. Nosotros necesitamos que el pasajero vaya para que el reloj esté en funcionamiento y podamos observar la caída de la ficha».
El relato de la funcionaria expone una realidad incómoda: la existencia de un abuso sistematizado. No se trata de errores aislados del maquinario, sino de intervenciones deliberadas donde los taxímetros adulterados están programados para hacer caer la ficha antes de lo debido. En lugar de esperar los sesenta segundos reglamentarios para cobrar, el dispositivo lo hace a los cincuenta y cuatro o cincuenta y cinco segundos. Más grave aún, en vehículos secuestrados durante operativos recientes, la ficha caía cada treinta metros, triplicando el costo de un viaje corto sin que el usuario percibiera la diferencia en el trayecto.
La magnitud del problema comenzó a dimensionarse cuando SUTRAPA cruzó los datos de las denuncias ciudadanas con los operativos de campo. El resultado fue la identificación de más de setenta licencias con irregularidades confirmadas. Estas unidades fueron sometidas a un escrutinio minucioso por parte de los inspectores. Subían a los vehículos y grababan con sus celulares la ubicación de los conos de medición, el encendido del reloj y la caída de la ficha. Esto generó una prueba audiovisual irrefutable para evitar posteriores negativas o acusaciones de falsedad por parte de los conductores.
«Uno de los autos secuestrados el jueves caía la ficha cada 30 metros. Quiere decir que vos, en una cuadra, en vez de pagar 120 pesos, estabas pagando 360. Llevame un viaje de diez cuadras y ya te llevás cerca de 4 mil pesos más».
Lo que ocurre en las paradas de taxis de la capital refleja una tensión social más amplia. La actividad, descrita por la funcionaria como bastante vapuleada, enfrenta una doble amenaza constante. Por un lado, la competencia desleal de las aplicaciones de transporte. Por otro, la mala fama generada por los propios actores del sector que deciden estafar al usuario mediante taxímetros adulterados. Amaya recordó que muchos taxistas construyeron su patrimonio y criaron a sus hijos con este oficio trabajando bajo reglamento. Sin embargo, las ovejas negras han logrado ensuciar la imagen de toda la actividad.
El contexto económico agrava la situación de manera considerable. La intendencia municipal, consciente de la precariedad del sector, ha decidido suspender temporalmente el cobro del canon. Este es un gasto fijo que pesa sobre la licencia y dificulta la rentabilidad. Sin embargo, esta medida de alivio no justifica ni ampara las prácticas fraudulentas. Por el contrario, la administración ha endurecido su postura de manera firme. Las licencias denunciadas están sujetas a una investigación administrativa que podría derivar en la baja definitiva del permiso de trabajo. Esto ocurre con la intervención ya activa de la Fiscalía y fuerzas de seguridad tras incidentes violentos registrados en los últimos controles.
«La gente denuncia con muchísima rabia porque se aprovechan de gente adulta, de gente que viene de otro lado, llega a la terminal. Realmente son abusos, porque antes siempre existió, pero cada vez se fueron animando a más».
La respuesta estatal no se limita a la sanción punitiva de manera aislada. Paralelamente a los secuestros de vehículos y las multas, SUTRAPA avanza en un proceso de empadronamiento digital iniciado este año. Este procedimiento se basa en nuevas ordenanzas sancionadas a finales de 2025. El censo busca actualizar el parque automotor exigiendo certificados de reincidencia y antecedentes penales al día. De las aproximadamente 7.000 licencias históricas, solo 4.900 estaban en condiciones de renovarse. Hasta el momento, apenas 3.000 se han registrado en el nuevo sistema digital.
Esta brecha entre la cantidad de habilitados y los registrados abre una puerta a la reordenación del mercado local. La normativa establece un cupo de una licencia cada cien habitantes, lo que da un total de 5.900 permisos posibles. Con 3.000 registrados, existe un remanente de 2.900 vacantes que serán llamadas a concurso. Esto se hará bajo reglas claras: quien quiera operar deberá someterse a un decreto definitivo con vencimiento a diez años. Además, deberá aceptar que cualquier denuncia de adulteración será investigada con lupa.
«Soy una persona predispuesta a charlar, a escuchar. He recibido a muchos de los taxistas. Pero en esta situación particular de estafa, de robo que le hacen a los vecinos, la intendenta me autorizó a llegar a las últimas consecuencias».
El desafío que enfrenta la gestión de Amaya y el municipio va más allá de controlar unos relojes mecánicos. Se trata de recuperar la confianza perdida en el espacio público de manera urgente. Como bien señaló la directora de SUTRAPA en su diálogo con Nuñez y Gerez, el vecino ha dejado de sentirse seguro en el taxi. Ha migrado masivamente a las aplicaciones, no solo por economía, sino por la percepción de seguridad y transparencia que estas ofrecen. Volver a traer al pasajero al taxi requiere garantizar que el precio que paga sea el justo y que el trato sea respetuoso.
La crónica de esta tarde en Libertad de Expresión deja en claro que la era digital ha traído herramientas para la vigilancia ciudadana que antes no existían. Las denuncias anónimas, georreferenciadas y documentadas han permitido a la autoridad actuar con precisión. Lo que antes era un simple se dice en la cola de la terminal, hoy es un expediente administrativo con pruebas en video. La batalla por la legitimidad del transporte público en Tucumán acaba de entrar en una fase decisiva. La tecnología y la voluntad política intentan poner freno a una práctica tan antigua como el propio gremio.
El camino por delante es largo y requiere constancia. Queda por ver si la amenaza de perder la licencia, sumada a la presión social y al control tecnológico, logrará disuadir a los infractores. O si, como suele ocurrir en estos ciclos históricos, el ingenio para eludir la norma encontrará nuevos resquicios. Por ahora, la señal desde la intendencia encabezada por la Dra. Chahla es contundente. La orden baja hacia el SUTRAPA para que sea ejecutada por la CPN Valeria Amaya: se acabó la tolerancia hacia el abuso. La fiscalización ya no espera afuera, sino que viaja sentada en el asiento del acompañante.
